De aprobarse por el Poder Legislativo, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el gobierno de México desmantelaría a la industria de energía renovable del país, aseguraron las asociaciones Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y de Energía Solar Fotovoltaica (Assolmex), con lo que se encarecería la generación de electricidad y se producirían daños irremediables al medio ambiente, cancelando la transición energética en el país y posicionando a México en contra de la lucha global frente al cambio climático.

“La iniciativa de Reforma busca eliminar la lógica económica y ambiental en el despacho de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional. Esto significa que se le dará prioridad a energía sucia y más costosa, transformando dos de las principales ventajas de la energía renovable de nueva generación, ser barata y limpia, en desventajas irremontables ante la Constitución, imposibilitando su operación”, expresaron de manera conjunta estas asociaciones.

Según los empresarios, al hacer a un lado a las energías renovables, México violaría flagrantemente el Acuerdo de París y las metas obligatorias de energía limpia en la legislación nacional. También se imposibilitaría el cumplimiento de los ambiciosos compromisos de mitigación de emisiones de empresas líderes, al forzarlas a consumir energía sucia, y se impactaría irremediablemente la competitividad mexicana.

“Los generadores eólicos y solares hemos contribuido responsablemente al desarrollo sustentable del país. El 99% de la energía eólica y solar que se genera en México es producto de la inversión privada”, expusieron.

Esta generación ha permitido la mitigación de 19 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año.

En tanto, los más de 300 proyectos eólicos y solares en operación suman una capacidad total de más de 12.9 gigawatts, representan 19,000 millones de dólares de inversión directa, nacional y extranjera, y más de 86,000 empleos en todo el país.

En contraste, CFE ha preferido históricamente la generación eléctrica con fuentes fósiles. Mientras la capacidad instalada de energía renovable del sector privado se multiplicó por 7 en los últimos 7 años, la contribución de CFE al desarrollo de capacidad instalada en energías eólicas y solares fue cercano a cero, denunciaron.

“Hemos ganado nuestra participación de mercado compitiendo en costos. Relegar, o incluso excluir, a los actores privados que han invertido en el desarrollo y la sustentabilidad del país, tiene efectos retroactivos y expropiatorios y, lo más grave, elevaría el costo de la electricidad. Ello impactaría en la economía de las familias y debilitaría la competitividad de la economía en su conjunto”, detallaron los privados.

En su llamado al legislativo a considerar los “múltiples e irreversibles efectos adversos de esta iniciativa en su discusión y eventual votación”, aseguraron que el mundo se encuentra en un momento crítico para revertir los efectos del cambio climático que hoy ya generan inundaciones, incendios y sequías con dolorosos efectos en la población.

La semana pasada, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Secretario General António Guterres recordó que a nivel global “necesitamos un recorte del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030”. Este gran reto demanda la suma de esfuerzos de todos, sociedad y gobierno, para enfrentar un desafío inédito. Tan sólo en México hay que invertir más de 6,200 millones de dólares anuales para llegar a las metas antes de 2030. Esto es tres veces el presupuesto anual de inversión de la CFE.

karol.garcia@eleconomista.mx