La iniciativa de contrarreforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados sería violatoria a los tratados internacionales que tiene México, con lo que de aprobarse provocará pugnas de nivel de arbitraje internacional.

Estados Unidos y Canadá establecieron candados para que México no hiciera una contrarreforma energética a través de un artículo del tratado comercial entre los tres países (T-MEC) que hace alusión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esto significa que aun cuando Estados Unidos no forma parte del TIPAT, obtiene los beneficios plenos del blindaje explícito que este acuerdo ofrece para no disminuir la apertura del sector energético mexicano.

De hacer cambios que restrinjan la apertura vigente, México enfrentaría represalias y tendría que resarcir los daños consecuentes, además de que correría el riesgo de que sus dos socios comerciales denunciaran el T-MEC, un tratado que ha impulsado el comercio exterior y las inversiones en la economía mexicana. 

Kennet Smith, jefe negociador del T-MEC por parte de México en la administración pasada, y socio de la consultoría AGON, explicó que ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula “ratchet” (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente. 

“El grado de apertura que ha dado hasta ahora México en el sector energético está consolidado en el T-MEC y el TIPAT, y también quedaría consolidada una apertura mayor si México la tuviera en el futuro”, explicó Smith a El Economista en su momento. 

Contrarreforma

La iniciativa presidencial presentada el viernes contiene modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de diversos transitorios entre los que destaca que se elimina el párrafo por el que el Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o sea, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

También propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) vuelva a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que desaparecen todos los mercados de electricidad para que la estatal sea una empresa integrada nuevamente, desapareciendo las filiales constituidas en la reforma, y que toda la energía que se despache en el país sea comprada por la escuela estatal, con lo que los privados sólo podrán llegar a 46% de la generación (hoy tienen 38%) pero en contratos con la CFE, que además dejará de ser empresa productiva, igual que Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser organismos que velen por el derecho al acceso a la energía de toda persona en el país.

El litio, primordial para avanzar hacia el almacenamiento de electricidad, podrá ser explotado únicamente por el Estado, según la propuesta del Ejecutivo.

La nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.  

“Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE".  

Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Cenace, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, según el texto enviado al Congreso.  

Además, se requiere entonces la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad y la generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.  

Para Miriam Grunstein, abogada experta del sector energético, lo más grave es la propuesta de terminar con cualquier permiso o contrato expedido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque un acto administrativo firmado por un organismo queda sin efectos para convertirse en un elemento de negociación con otro organismo, lo que afecta derechos retroactivos y se tomará como decisión unilateral, violatoria del derecho internacional y que rebasa todo régimen de derecho comercial. 

“Contiene cláusulas indudablemente de expropiación indirecta que consiste en una afectación de derechos, en la privación de los mismos, aunque no sea de bienes e infraestructura, lo que a todas luces es violatorio de los principios de cualquier tratado de libre comercio cuyo espíritu es la expectativa razonable de rentabilidad de todo inversionista extranjero”, dijo Grunstein. 

En cuanto a la explotación exclusiva del litio por parte del Estado, comentó que hay nacionalización de un mineral sin que se estaticen las concesiones de las minas, que son ocho en el país, lo que a todas luces será también violatorio de derechos adquiridos con antelación.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores "necesarios" para la competitividad del país.  

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores "necesarios" para la competitividad del país.  

karol.garcia@eleconomista.mx