De aprobarse en la Ciudad de México (CDMX) el cobro de 2% por concepto de aprovechamientos a las plataformas de entrega, como lo son Mercado Libre, Uber Eats y similares, los consumidores serían los más afectados al ver incremento en los productos y servicios que se ofrecen a través de éstas.

Sissi de la Peña, gerente regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), señaló que la propuesta es inconstitucional y, aunque se ha dicho que va sobre las plataformas, al final resultará en aumentos para los usuarios, lo que por ende podría ocasionar que los consumidores dejaran de usar estas aplicaciones que, durante la pandemia por Covid-19, han ayudado tanto a negocios como a personas que buscan ingresos.

El aumento se dará, explicó Karla Ortiz, integrante de la ANADE, porque algunas de estas plataformas decidirán absorber ese 2% o bien, trasladarlo a los consumidores finales o, incluso, a los negocios que llegan a ocuparlas, lo que también podría tener una afectación en los precios que ofrecen a los usuarios.

De acuerdo con la Iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Fiscal de la CDMX, que fue presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum hace unos días, se propone la imposición de un aprovechamiento por el uso de la infraestructura capitalina que hacen las plataformas tecnológicas que se dedican a proporcionar servicios de paquetería y entregas de alimentos.

Si bien en la propuesta de la CDMX –que se espera se discuta y, en su caso, apruebe este 15 de diciembre– se especifica que sería un aprovechamiento, de la Peña refirió que tiene todos los elementos de un impuesto. Además, negó que la iniciativa privada esté a favor de esta modificación, tal como lo dijo Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, en días pasados.

Se podrían amparar

Sissi de la Peña indicó que, al igual que como ha pasado en otras ocasiones pero con reformas a nivel federal, se podrían presentar amparos para tratar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detenga esta modificación.

El presupuesto se tiene que aprobar el 15 de diciembre y confíamos en que los legisladores capitalinos van a atender este llamado, y no aprobarán esto”, señaló.

Añadió que incluso con este “impuesto disfrazado de aprovechamiento”, México estaría incumpliendo con tratados internacionales, como la implementación de un Impuesto Mínimo Global, acuerdo al que llegaron alrededor de 140 países y jurisdicciones. Esto afectaría la inversión extranjera directa que pudiera llegar al país.

Por su parte, Karla Ortiz resaltó que el decreto resulta violatorio de derechos fundamentales, además de que podría provocar inequidades frente a empresas que realizan la misma actividad pero no de manera digital, por ejemplo, restaurantes o tiendas departamentales con servicios a domicilio que no usan plataformas.

ana.martinez@eleconomista.mx