Lima.- Congresistas opositores dijeron que el gobierno debe renegociar el contrato por el que se comprometió a exportar gas natural a México y dar prioridad al abastecimiento del mercado interno y a los intereses nacionales.

Un grupo de legisladores representantes de regiones del sur de Perú, que reclama la construcción de un gasoducto para esa zona del país, acordó el martes pedir la presencia ante el pleno del Congreso del jefe del gabinete Javier Velásquez Quesquén y el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez para que expliquen el tema.

``Si se confirma que el gas se irá a México o Chile, desabasteciendo el mercado interno, llegaremos seguramente a una interpelación y, porqué no, a una acusación constitucional contra quienes sean responsables ...'', declaró el congresista Juan Carlos Eguren.

La intención del gobierno de vender gas a México a partir de junio ha generado una fuerte polémica y oposición de quienes consideran que el contrato es perjudicial para Perú ya que, aseguran, no existe gas suficiente para cubrir la demanda interna.

Eguren aseguró que las reservas certificadas del yacimiento de gas natural de Camisea son de 8 trillones de pies cúbicos de gas. Un poco más de 4 trillones están destinados al mercado local, y el resto sería exportado, con lo que no quedarían reservas para el proyecto del Gasoducto Andino que abastecería el sur peruano.

Eguren afirmó que en esas condiciones sería ``ilegal pretender exportar''.

El gobierno ha dicho que el contrato con México fue firmado en el 2004 por el gobierno anterior de Alejandro Toledo, y que no cumplir con él sería una señal muy negativa que se enviaría a los inversionistas. Además asegura que el abastecimiento de gas está garantizado.

El martes la ministra de Economía Mercedes Aráoz señaló que el firmado con México es un contrato-ley y que el gobierno no rompe estos acuerdos por política de estado, sin embargo, no desechó la posibilidad de que un contrato se pueda renegociar.

``Uno renegocia, conversa, pero lo que no podemos hacer es romper contratos porque le quita total estabilidad jurídica al país'', dijo Aráoz en entrevista con Radioprogramas.

El congresista Washington Zeballos, representante de la región sureña de Moquegua, agregó que desde 1993 más de un centenar de contratos han sido modificados a pedido de las empresas y que el estado siempre fue benevolente.

``Pero ahora que se trata del interés nacional, y donde el estado debería plantear una renegociación, se dice que se van a ir las inversiones, etc, cosa que no es cierta'', criticó.

El gobierno ha admitido que el contrato firmado en el 2004 no fue negociado adecuadamente, pues en ese entonces no se anticipó que la demanda interna por gas iba a ser tan alta.

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