El sector empresarial pugnó por que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) conserve su espíritu para el cual fue creada y vigile la calidad de los análisis regulatorios que emite el Ejecutivo, sin caer en la captura de la institución.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) recomendó apoyar y fortalecer a la Conamer para evitar que se otorguen exenciones a propuestas de cambios o de nuevas regulaciones que generan costos económicos elevados.

"El gran reto en los próximos años en la materia es la institucionalización de la política de mejora regulatoria en todos los órdenes de gobierno. En concreto, se debe lograr asegurar transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que estas generen el máximo beneficio neto para la sociedad", resaltó.

El organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó sobre el papel de la Conamer, en donde el gobierno federal al demandar exenciones de los análisis regulatorios, se procede a modificar leyes o reglamentaciones que no sólo generan costos y mayores trámites, sino corrupción.

El sector privado, a través del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en el que participa activamente el CEESP, propuso un grupo de trabajo para emitir recomendaciones que puedan ser implementadas para fortalecer los criterios para que una propuesta regulatoria, con un costo económico alto, no pueda exentarse del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).

Recordó que en los últimos meses se han presentado dos casos específicos de eliminación del procedimiento del análisis. En noviembre del 2019 se dieron a conocer cambios en las reglas para adquirir Certificados de Energía Limpia (CEL), incluso con carácter retroactivo, que afectarían la inversión realizada en el sector. Aunque un Juez falló por la nulidad de estos cambios, prevalece el proceso para determinar su validez.

La Conamer, en una interpretación literal del concepto de costos de cumplimiento, exentó del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que es el mecanismo para evaluar los impactos de las regulaciones, a la propuesta para cambiar las reglas para otorgar los CEL. "Esas modificaciones pueden tener importantes costos económicos para la industria".

Otro caso donde se exentó de llevar a cabo la AIR se presentó en el sector salud. En un entorno de escasez de medicamentos generado por cambios en las políticas de compras públicas y subejercicios presupuestarios del sector, y que afectó la capacidad de la industria farmacéutica del país en su producción, se emitió un decreto presidencial que permite la adquisición inmediata de medicamentos en el extranjero, aun sin contar con registro ni control sanitario, cuestionó el CEESP.