El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso poner un tope a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de 30 días de salario, como parte de los cambios a la iniciativa de subcontratación laboral, lo que representaría el doble de lo que actualmente reciben la mayoría de los trabajadores que reciben esta prestación.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, mencionó que una de las propuestas más importantes en la discusión del outsourcing es poner un tope a la PTU, a fin de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas.

Sin embargo, la propuesta del gobierno federal es que el reparto de utilidades sea de 60 días por año, por lo que a principios de año se adherirá el sector obrero a las pláticas de negociación de la iniciativa de subcontratación para encontrar un equilibrio entre 30 y 60 días, sin que impacte a las grandes empresas.

El dirigente empresarial destacó que existe una actitud positiva del gobierno federal, en especial del presidente Andrés Manuel López para atacar un problema añejo de más de 50 años y “que nadie le había querido entrar”, el reparto de utilidades.

“En el caso mexicano es que se habla de 10% (de las ganancias de una empresa) pero sin tope y fue concebido para ayudar a las personas que tienen menos ingresos dentro de las empresas y al final estaba beneficiando a las que tenían mayor cantidad de ingresos en las empresas”, mencionó.

Lo que hemos propuesto y junto con la Secretaría del Trabajo, dijo Carlos Salazar, “es que beneficie a los trabajadores y lo que se reparte en promedio en las empresas industriales son 15 días de salario como reparto de utilidades y nosotros hemos propuesto poner un tope a 30 días”.

Aunque la industria automotriz planteó cambiar el reparto de utilidades por un bono de productividad, que dependa del rendimiento de los empleados, cuya fórmula será presentada en las mesas de análisis de la reforma de subcontratación.

A principios de diciembre se determinó que la discusión de la reforma se aplazaba hasta el periodo ordinario de sesiones del Congreso de febrero del 2021, de modo que a principios de enero se retomarán las negociaciones tripartitas.

En tanto, el presidente del CCE dijo: “lo que hay que hacer es que se empiece a discutir y a informar a las empresas sobre cuáles son las figuras de subcontratación que son legales, son la mayoría y sí atacar en modelos que se utilicen de manera inadecuada”.

Otro de los puntos que falta definir es qué pasará con las empresas exportadoras, en especial con las maquiladoras, “y, lo que estamos proponiendo que tengan tratamientos parecidos a los del programa Immex; esto está en la mesa y esperamos acuerdos”.

Salazar Lomelín recordó que la subcontratación se venía platicando con la Secretaría del Trabajo desde el año 2019 y se había llegado hasta el Congreso para atacar el problema de la subcontratación, pero la propuesta del Ejecutivo rompió el acuerdo, al grado de limitar la figura de la subcontratación.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx