El kirchnerismo renovó su embestida contra la Justicia al insistir en la posibilidad de promover un "jury de enjuiciamiento" a los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal que prorrogaron la medida cautelar que frenó la cláusula de desinversión de la Ley de Medios, por "no apartarse" de la causa tras los cuestionamientos del gobierno.

El día después del frustrado 7D y a la espera de que la Corte Suprema resuelva el recurso de "per saltum" que presentó contra la extensión de la cautelar, el oficialismo, a través del senador Marcelo Fuentes, volvió a amenazar con un posible enjuiciamiento a los jueces de esa cámara, Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta.

"Si los jueces pretenden gobernar o legislar a través de sus sentencias eso genera un conflicto de poderes que se resuelve en el Congreso de la Nación por juicio político", reiteró el senador neuquino, aunque luego explicó que en este caso sería un "jury de enjuiciamiento".

El jefe de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara alta argumentó que "la totalidad de esa Cámara ha sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Nación por el sistema irregular de rotaciones de jueces semanales, entonces no hay posibilidades de imparcialidad".

Para solicitar el jury, se necesita contar con los dos tercios de los 13 consejeros de la Magistratura, es decir 9 votos y el oficialismo sólo tiene 8 disponibles. Los cinco restantes son opositores y ya trabaron más de una vez los deseos de la Casa Rosada.

Entre ellos, el senador Mario Cimadevilla y el diputado Oscar Aguad (UCR), el representante de abogados del interior, Daniel Ostropolsky; el del Poder Judicial, Alejandro Fargosi, y por los jueces, Ricardo Recondo, uno de los magistrados cuestionados por pertenecer a la Cámara Civil y Comercial, a quien ya se intentó apartar más de una vez para conseguir el voto faltante.

En la embestida anterior para desplazar a Recondo, el oficialismo nunca pudo reunir los votos y el Consejo quedó trabado.

El gobierno de Cristina Fernández elevó el jueves pasado ante la Corte Suprema un recurso contra la prórroga de la medida cautelar que pidió el Grupo Clarín sobre dos artículos de la Ley de Medios que considera inconstitucionales.

El máximo tribunal, que en la misma jornada rechazó por "manifiestamente inadmisible" un pedido del grupo mediático para que desestimara el per saltum, resolvería entre el lunes y martes la solicitud formulada por la Casa Rosada.

Clarín sería el principal afectado si se consuma la Ley de Medios. Según el gobierno, el grupo excede varios de los límite. Posee 25 licencias entre radios AM y FM; TV abierta y otros servicios. Como la ley reduce a 10 la cifra, debería ceder 15 licencias. Entre estos activos se destacan Canal 13; Radio Mitre y varias señales de cable como TN, Metro, Magazine, Rural.

El gobierno también dice que Clarín supera la cuota de 35% de market share para el servicio de cable. Según Argentina, Cablevisión posee 58 por ciento. Debería reducir 23% ese share ya que la Ley de Medios establece el máximo en 35 por ciento. Adicionalmente, debería ceder al menos 213 licencias de cable, ya que el artículo 45 de la ley sólo permite 24.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica