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Acuerdo para contener alzas de precios, violaría Ley de Competencia

Los acuerdos entre competidores para no subir precios de ciertos productos de la canasta básica pueden ser violatorios de la LFCE, aun cuando su propósito sea contener la inflación y la erosión del poder adquisitivo, alertó la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés).

Los acuerdos entre competidores para no subir precios de ciertos productos de la canasta básica pueden ser violatorios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), aun cuando su propósito sea contener la inflación y la erosión del poder adquisitivo, alertó la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés).

El organismo internacional recomendó al gobierno mexicano recurrir a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para evitar violaciones a la LFCE, ya que en su programa antiinflacionario plantearía precios de garantía de hasta 24 productos de la canasta básica.

Al respecto, recordó que el Artículo 9 de este ordenamiento señala que, para poder fijar precios oficiales o precios máximos de un producto, la Cofece debe hacer una declaración previa de que en el mercado del que se trate no existe una competencia efectiva o hay una distorsión en el mercado que lo impide.

Hasta entonces, la Secretaría de Economía o el presidente de la República, pueden convocar a las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de los productos para informarles que debido a determinada falla de mercado, temporalmente se fijará el precio máximo tomando en cuenta sus costos y márgenes de ganancia razonables.

“En caso de omitir este paso, las empresas manipularían el precio y violarían el Artículo 53 de la LFCE, que es una de las faltas más graves que se sanciona con hasta 10% de los ingresos de las empresas, independientemente de responsabilidades de carácter penal”, alertó ICC

La ICC recomendó que tanto el gobierno como las empresas admitan los riesgos e implicaciones de reunirse para discutir los problemas relacionados con el alza de precios, aun cuando exista la loable intención de buscar beneficiar a la población.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx

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