Ejecutivos de empresa y jefes de consultoras reeditaron en el foro Conecta Latam, capítulo México, sus diferencias en cuanto el futuro de la industria de telecomunicaciones y en la manera en cómo conectar a los casi 50 millones de mexicanos que aún carecen de un acceso a Internet o aquellos cuya cobertura de servicios fijos y móviles todavía es deficiente en zonas rurales.

Conforme transcurrió su plática, ellos hicieron alusión a la Red Compartida, las tarifas de interconexión, la subasta del espectro de 2.5 GHz, la portabilidad numérica, el uso compartido de infraestructura, el despliegue de la misma y la compraventa o devolución de espectro radioeléctrico, cuando haga sentido a la estrategia de negocio de los distintos operadores.

Incluso, tantearon la posibilidad de que el gobierno fije un impuesto especial al consumo, para crear una bolsa de recursos con la que usuarios de mercados rentables financien la cobertura en zonas con usuarios desatendidos y entonces este fondo sea licitado y adjudicado después al operador que presente el plan de negocios para conectar mejor y más rápido a quienes todavía están desconectados.

“No sería tan difícil imponer un impuesto al consumo, que se destine a un fondo de cobertura social y con ese fondo, en licitaciones públicas, a ver quién es el que ofrece el precio más bajo para llevar servicios a zonas puntualmente identificadas (…) Mientras el Estado renuncie a su obligación de ser promotor de estos servicios y pretenda trasladarlo a las empresas privadas, nunca vamos a tener la cobertura que requerimos”, planteó el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), Gerardo Soria.

Con esto, Soria Gutiérrez se manifestó por una política de cobertura universal para México, similar al Fonatel de Costa Rica y otros casos de éxito en países como España, Brasil o Argentina, donde las licitaciones para gestionar esos recursos han sido abiertas y sin favoritismos para alguna empresa; sin embargo, casos parecidos ya ejecutados en el pasado en territorio mexicano los ha ganado Telmex por su capacidad de extensión de red y poder de mercado.

En el auditorio, la propuesta pareció una reedición del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a telecomunicaciones y una contradicción para la casa de análisis que lo mencionó, pues continuamente la consultora Idet se ha manifestado abiertamente en contra del establecimiento de las cargas fiscales y regulatorias para el sector, y sí de la competencia pura de mercado.

Daniel Bernal, director adjunto de asuntos regulatorios de América Móvil (AMX), propuso en cambio a los órganos reguladores la consideración de establecer compromisos de despliegue de infraestructura en lugar de pagos de derechos o una combinación de ellos en las siguientes subastas de espectro para servicios 5G que ya advierte el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tal como han aplicado los gobiernos en Chile con la adjudicación de la banda de 700 MHz para el despliegue de redes de 4 y 5G.

“Existen otros esquemas, como los que han usado los gobiernos de Brasil y Chile para acceder a los recursos de espectro, donde de alguna de manera se han generado ciertas obligaciones o la posibilidad de pago con ciertas infraestructuras que son herramientas que garantizan el despliegue real de infraestructura al largo plazo”, dijo el ejecutivo de AMX.

La decantación de Bernal por los llamados procesos de licitación bajo concurso de belleza o “beauty contest” acompañaron su postura de que los impuestos, como el IEPS a telecomunicaciones, terminan por beneficiar a la operación diaria de las telefónicas y del mismo gobierno antes de llegar a las a comunidades desatendidas: “Relacionado con los impuestos a los servicios de telecomunicaciones, lo que hemos visto en otros mercados es que terminan siendo encausados al financiamiento de la operación fiscal y no encaminado directamente a la inversión de infraestructura”.

El comentario empató con el rechazo abierto de América Móvil a que terceros puedan acceder por ley a su red, para que ellos puedan configurar otros productos de telecomunicaciones, crecer la competencia en el mercado y en algunas veces con combinaciones de paquetes de triple play, a los que, por ejemplo, su sudsidiaria Telmex está impedida por regulación y título de concesión, pero cuya red es utilizada por competidores para reforzar ofertas de video o Internet, un hecho que AMX califica como subsidio a la competencia.

Bernal comentó más tarde sobre lo mismo, al indicar que a cinco años de las políticas asimétricas impuestas a Telmex/Telcel, que permite a terceros usar la red de los preponderantes, no se conocen demasiadas inversiones de parte de los competidores

“A cinco años de la reforma y preponderancia, sin duda hay competencia efectiva en el mercado, se han reducido los precios en 40% y los competidores tienen un enorme subsidio que paga Telmex (…) A pesar de los subsidios y reducción de precios, no se ven muchas inversiones en las zonas donde antes no había inversión. En el lado fijo sucede lo mismo: los competidores sólo despliegan en zonas urbanas rentables, porque en zonas apartadas no ha habido ningún tipo de crecimiento", dijo Daniel Bernal.

Con esto ejemplificó que aún con la eliminación de la “tarifa cero” por decisión judicial, la tarifa de interconexión que pagan AT&T y Movistar, por ejemplo, por terminación de llamadas de voz en las redes de Telcel es de 0.0285562 pesos, mientras que Telcel paga a ellos y a otros operadores una tarifa de 0.112799 pesos.

Miguel Calderón, vicepresidente de regulación y relaciones institucionales de Telefónica México, planteó la posibilidad de que el IFT considere establecer a futuro políticas en las que se permita devolver espectro no explotado de manera eficiente en mercados poco rentables, una opinión que fue celebrada en el foro de Conecta Latam:

“Con la demografía de México tenemos al 70% de la población en 300 municipios y en más de 300 municipios la densidad es de menos de diez personas por kilómetro y allí una oferta fija/móvil no es la solución eficiente para atender esos mercados (…) La industria está dispuesta a invertir en ciertas zonas y acredítenos así esa inversión como pago de derechos, que es un esquema relativamente nuevo”, dijo Miguel Calderón.

El comentario del representante de Telefónica pudo evidenciar dos hechos para Movistar en México: las complicaciones financieras que atraviesa el grupo para cumplir con los refrendos y pagos de derechos y también el establecimiento de las franquicias de Movistar.

En una entrevista a la columnista Bárbara Anderson, la directiva de Telefónica dijo que Movistar ha seguido con su plan de ofrecer franquicias a terceros empresarios que operen su marca en mercados locales. Así, el interesado invierte 25,000 dólares, en principio, para colocar una radiobase que atienda una comunidad de 2,000 habitantes.

Con este plan, Telefónica monta la antena de transmisión-recepción y el franquiciatario opera la red y gestiona directamente el espectro radioeléctrico. Movistar dijo a la columnista que las franquicias de la compañía han llegado a 400 localidades que en conjunto ya aglutinan a dos millones de mexicanos.

El grupo también atraviesa aprietos financieros en tiempos en que su base general de usuarios va a la baja, pero no el de pospago o valor agregado. Aún así, se vio obligado a vender activos de fibra óptica en 2018 a las empresas Even Telecom y Neutral Networks en las mismas fechas en que tuvo que dar cumplimiento a los refrendos de sus concesiones en la banda de 1.9 GHz o de PCS y también debió pagar en fechas cercanas un paquete de espectro de 2.5 GHz, por lo que el planteamiento de otorgamientos de licencias regionales de espectro haría más sentido a Movistar.

“Los precios han caído 40% y el costo del espectro ha subido 20%, eso no es sostenible en el tiempo. Para que las redes sociales –en zonas rurales– tengan servicios, que se les permita a los operadores devolver de manera voluntaria el espectro que no estén utilizando. Los operadores tienen 100 MHz que son insuficientes en la Ciudad de México, pero de sobra para atender a un pueblo de 2,000 habitantes, así que se pueda que los operadores puedan devolver parte del espectro al IFT para que éste lo asigne a las redes sociales”.