La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado algunos casos en los que, con recursos de procedencia ilícita, se han adquirido en México activos virtuales como el bitcoin.

En un foro organizado por Expansión, Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad, mencionó un caso de trata de personas en el que, entre otros movimientos con dinero ilícito, los delincuentes adquirieron monedas virtuales.

En este sentido, consideró que es necesario un proceso de mayor regulación para los activos virtuales. La llamada Ley Fintech, de hecho, ya contempla regulación en este tema. El Banco de México, sin embargo, ha sugerido a las instituciones financieras mantener una “sana distancia” con este tipo de activos.

De hecho, el titular de la UIF refirió que hoy las empresas que se dedican a este negocio ya deben reportar al Servicio de Administración Tributaria movimientos que pudieran considerarse relacionados con lavado de dinero.

El funcionario señaló que algunos de los retos en tecnología que enfrenta la unidad son precisamente los relacionados con ciberseguridad y la compra de activos virtuales.

Destacó que la UIF, en esta línea, tiene el planteamiento también de utilizar la tecnología, como inteligencia artificial y big data, entre otros, para mejorar los procesos de investigación y hacerlos más eficientes y ágiles.

El objetivo, dijo, es identificar a los beneficiarios finales de los casos de lavado de dinero, sobre todo los derivados de la corrupción.

Suman 130 cuentas bloqueadas

Santiago Nieto precisó que del 1 de diciembre del 2018 al 31 de agosto del 2019, la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador ha bloqueado 130 cuentas bancarias por un monto cercano a 4,000 millones de pesos. Por ello, destacó, se han presentado más de 120 denuncias en este periodo.

Santiago Nieto mencionó que hoy si alguna cuenta es bloqueada y no es reclamada por alguien, el recurso se le queda al banco en el que se encuentre.

Por ello, refirió que otro de los planeamientos de la UIF es que cuando ocurran casos como éste, los recursos de cuentas no reclamadas pasen a entes públicos como el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado o el Seguro Social, y éstos sean utilizados en temas sociales.

Como ejemplo, refirió un caso en el estado de Jalisco, en el que no se reclamaron 2 millones de dólares.

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