Por razones de seguridad nacional y con el fin de proteger la vida del personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, los datos de los servidores públicos adscritos a ésta con excepción de su titular han sido reservados por un periodo de cinco años.

De acuerdo con un decreto firmado por el mismo titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, la información reservada en dicho periodo es respecto a los nombres y datos de contacto de los servidores públicos adscritos a dicha unidad.

“Al identificar a las y los servidores públicos adscritos a la UIF, los delincuentes podrían amedrentar o coaccionar a las y los mismos para que les proporcionen información de inteligencia”, se puede leer en el decreto publicado en la página de la Secretaría de Hacienda.

En el documento se describe que, el 12 de febrero del 2013, el entonces director general de Asuntos Normativos de la UIF solicitó al comité de información de la Secretaría de Hacienda llevar a cabo las gestiones para considerar que los datos de los servidores públicos de esta unidad fueran considerados de carácter reservado.

Dicha reserva se consideró procedente por un periodo de seis años, cuya vigencia finalizó hace algunos días.

En este contexto, y en apegó al cumplimiento de la ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la UIF determinó reservar por un periodo de cinco años más los nombres y datos de contacto de los servidores que laboran en dicha unidad.

En diversos portales gubernamentales consultados por este medio no existen datos de los funcionarios adscritos a la UIF. Por ejemplo, en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, gestionada por la Secretaría de la Función Pública, sólo hay datos de Nieto Castillo respecto a su nivel salarial.

Asimismo, en la Plataforma Nacional de Transparencia la información de las personas que ocupan 370 puestos en la UIF está clasificada como reservada, a excepción de la de Santiago Nieto Castillo, titular de dicha unidad.

Seguridad nacional

La UIF es un órgano de la Secretaría de Hacienda de carácter administrativo, que se creó en mayo del 2004, con el propósito de coadyuvar en la prevención de delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Su labor se concentra en recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analiza dicha información que recibe y disemina reportes de inteligencia para detectar operaciones vinculadas al lavado de dinero y, en su caso, presenta las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

De acuerdo con el documento donde el titular de la unidad se pronuncia por reservar la información del personal de esta unidad, dicha reserva se da en razón de que la Secretaría de Hacienda forma parte del Consejo de Seguridad Nacional.

En este contexto, en diciembre del 2006, se reconoció a la UIF como una instancia de seguridad nacional.

“Estoy convencido de que el combate a los capitales ilícitos sí es un tema de seguridad nacional, de otra manera la delincuencia organizada se puede constituir, como ya lo está haciendo, en una amenaza real y concreta para el Estado mexicano (...) La UIF tiene ese carácter de coadyuvante en materia de seguridad nacional”, explicó Salvador Mejía, socio director de la firma Asimetrics.

Ante ello, el titular de la UIF decretó la reserva de la información de los funcionarios de esta unidad. “Se reservan por un periodo de cinco años los nombres y datos de contacto de los servidores públicos adscritos a la Unidad de Inteligencia Financiera, con excepción los del titular”.

“Cada uno de los integrantes de la UIF constituye un factor clave para la seguridad nacional y la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, motivo por el cual resulta de suma importancia que los datos relativos a sus servidores públicos sean clasificados como reservados”, añade el documento.

Mejía expuso que esta medida está ligada con la labor de dicha unidad, al coadyuvar en el combate de grupos delictivos que manejan un alto grado de violencia. “El trabajo que realizan las personas que laboran dentro de la UIF va de la mano con su seguridad personal”, detalló el especialista.

El documento precisa que la divulgación de los datos del personal de la UIF pondría en riesgo la integridad personal de las y los servidores públicos adscritos a dicha unidad, además de que se generaría un detrimento institucional al restar eficacia a las actividades de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“Los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo están estrechamente vinculados con la delincuencia organizada (...) La divulgación de los nombres, ubicación y datos de contacto de todas las personas que laboran en la UIF (...) constituyen elementos determinantes para proteger su integridad física”, indica el documento.

Transacciones con activos virtuales en plataformas han aumentado

Se investigan casos por presunto lavado con bitcoins

En un contexto donde han surgido nuevas formas del blanqueo de capitales apoyadas en la tecnología, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga casos de presunto lavado de dinero por medio de la compraventa de activos virtuales, especialmente de bitcoin, reconoció su titular, Santiago Nieto Castillo.

El funcionario resaltó que durante los últimos años en México la actividad de las plataformas de tecnología financiera, o fintech, ha aumentado sustancialmente sobre todo en temas de transacciones con activos virtuales.

“En los casos que está desarrollando la UIF aparecen bitcoins y la adquisición de este tipo de activos”, detalló el funcionario.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, promulgada en marzo del 2018, que también reforma la ley antilavado, establece a la compraventa de activos virtuales como una actividad vulnerable, por lo que la UIF es la encargada de recibir, analizar y diseminar dicha información.

Según la ley, las entidades que realicen este tipo de operaciones están obligadas a reportar la información de una transacción de compraventa de activos virtuales siempre y cuando rebasen el umbral de las 654 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), que son poco más de 54,000 pesos.

El organismo encargado de supervisar las actividades vulnerables, como los centros joyeros o agencias de automóviles, es el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde hace varios años, diversos organismos han alertado del riesgo del uso de activos virtuales para el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Por ejemplo, en el 2017, el gobierno de Estados Unidos en su informe anual Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas detalló que los activos virtuales, como el bitcoin, eran utilizados como forma de pago en las ventas de medicamentos en los mercados negros y comenzaban a usarse cada vez más para transferir los ingresos de las ventas de drogas a nivel internacional.

Asimismo, en marzo pasado, el sitio Animal Político informó que la Fiscalía General de la República ya investigaba dos casos de posible lavado de dinero mediante la compra de activos virtuales relacionados con grupos delictivos.

Regulación

Desde finales del 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que recomienda a los países medidas antilavado, ha puesto mayor énfasis en el tema de activos virtuales con el fin de acotar el riesgo de blanqueo en estos instrumentos.

En este contexto, el GAFI ha señalado que al menos todos los proveedores de servicios de estos activos, incluidas las casas de cambio virtuales, deben estar sujetos a un régimen de prevención de lavado de dinero.

En los próximos días el GAFI anunciará medidas más precisas relacionadas con este tema, luego de una serie de reuniones entre los sectores público y privado donde se abordaron diversas posturas referentes a la regulación de este tipo de activos.