La Barra Internacional de Abogados (IBA, por su sigla en inglés) acusó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal Federal han amenazado el Estado de derecho.

“Han amenazado abiertamente al Estado de derecho, particularmente en lo que se refiere a las firmas de abogados y contadores. Reportes de advertencias a los contribuyentes para que se abstengan de utilizar a sus abogados en procedimientos de acuerdos administrativos e, incluso, amenazas de proceder penalmente en contra de contribuyentes que omitan llegar a un acuerdo, son muy perturbadores”, señaló la barra a través de una carta que envió a Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Los abogados reconocieron la “posible existencia” de trabajadores con esta profesión que realizan prácticas inapropiadas que deben ser perseguidas y, en su caso, castigadas; sin embargo, esto no justifica que contribuyentes y asesores sean tratados como delincuentes.

En este sentido, la IBA señaló que sugerir que los pagadores de impuestos tengan que llegar a acuerdos administrativos con las autoridades sin la representación de sus asesores legales no puede ser aceptable ni pasado por alto.

“Reconocemos el reto que esta crisis global de salud representa y la necesidad de responder a ella, incluyendo los esfuerzos recaudatorios. También apreciamos y reconocemos sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, la ley no puede aplicarse caprichosamente, mucho menos en tiempo de crisis”.

Tres grandes contribuyentes

En lo que va del año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha implementado una ardua labor de fiscalización en el rubro de los grandes contribuyentes. Ha logrado que empresas como América Móvil, Walmart, IBM, entre otras, paguen al fisco importantes montos por revisiones de ejercicios fiscales pasados.

En este sentido, el Presidente ha apuntado que no se necesitan crear o aumentar impuestos, ya que existen grandes empresas que a través de actos de corrupción han logrado evadir el pago de impuestos al fisco, que hoy está a cargo de Raquel Buenrostro.

En meses pasados, López Obrador informó que crearía un grupo de “abogados incorruptibles” para atender los litigios fiscales a los que recurren los contribuyentes, haciendo énfasis en aquellos que entran en el rubro de grandes contribuyentes. De esta manera se buscará dar un seguimiento puntual a los juicios que existen y supervisar que no existan actos de corrupción en éstos.

“Ahora hay un equipo, y se lo digo con todo respeto a las empresas, que depende de mí. Estoy formando un equipo con abogados muy preparados y, sobre todo, incorruptibles. A partir de que se presente una querella o denuncia, se le dará seguimiento. Si un juez metió en el cajón la denuncia o la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se termine con la impunidad”.

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