Socialismo del agua en México

El agua también puede ser rehén ideológico de un régimen populista. En diciembre se expidieron la nueva Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales, ambas con ese propósito. Si bien generaron reacciones contrarias de agricultores, al final, el gobierno impuso disposiciones abiertamente estatizantes. La justificación de la nueva legislación es el “Derecho Humano al Agua” consagrado en el Artículo 4° de la Constitución desde 2012. Este “Derecho” se suma a una catarata de derechos incumplibles, sin implicaciones prácticas, y con muy pocas consecuencias jurídicas reales, que han hecho del texto constitucional un amasijo retórico. El agua es un bien escaso, es decir, se agota y degrada en ausencia de sistemas de racionamiento a través de precios y/o de regulaciones. Es también un bien público o recurso común cuando se encuentra en cuerpos de agua naturales (ríos, lagos, acuíferos subterráneos), pero conlleva un monopolio natural cuando entra a infraestructuras de captación y distribución, sean urbanas o agrícolas. Igualmente, se trata de un servicio público, que debe garantizar suministro de calidad 24 horas y siete días a la semana, y mecanismos de cobro que permitan viabilidad financiera a largo plazo a los sistemas, incluyendo tratamiento y reuso de aguas residuales. Por ello, exige cuantiosas inversiones en infraestructura, y una eficaz regulación del Estado, aparte de precios y mecanismos de mercado que impidan su derroche y agotamiento, y permitan su asignación hacia los usos social, económica y ambientalmente más valiosos. Debe reconocerse que, como servicio público esencial, requiere de esquemas transparentes y focalizados de subsidio cruzado para grupos de bajos ingresos. La nueva Ley General de Aguas, además de ser poco más que un texto retórico, prioriza el consumo personal y doméstico sobre otros usos. ¿De verdad el gobierno quitará el agua a los agricultores – que consumen el 70% del agua – para dársela a asentamientos humanos? (Por cierto, las ciudades consumen poco más del 12%). La nueva Ley pretende minimizar la dimensión técnica, de ingeniería, y económica del suministro de agua, y da rienda suelta a declaraciones ideológicas “Woke” comunitaristas, de género, y de multiculturalidad y grupos vulnerables, que no está claro para qué puedan servir, además de obscurecer los propios fines de la Ley.

En el paroxismo de género, la nueva Ley de Aguas ordena la participación paritaria de mujeres en la gestión del agua, es decir, la mitad de los administradores, ingenieros, operadores y trabajadores de la construcción de sistemas de extracción, potabilización, distribución, drenaje y tratamiento de aguas residuales ¡deberán ser mujeres! Tampoco se sabe cómo se logrará esto. Desde luego, las comunidades indígenas y afromexicanas manejarán sus propios sistemas de agua; se desconoce dónde y cómo. Extrañamente, sólo hay una mención tangencial a los organismos operadores municipales, y se omite cualquier referencia a esquemas eficientes de regulación, dado que son monopolios naturales, en materia de tarifas, eficiencia física y administrativa, calidad del agua, continuidad y cobertura del servicio, consejos de administración, profesionalización, y participación de usuarios.

Prohíbe que los organismos operadores municipales suspendan el servicio a quienes no paguen, debiendo suministrar bajo cualquier circunstancia lo necesario para el consumo básico. Es decir, algunos podrán recibir agua gratuitamente, y otros deberán pagar por ella. Esto, además de ser profundamente inequitativo, representa un perverso incentivo al no pago, y un riesgo de quiebra o falta de inversión en los sistemas de agua municipales, o bien, resultará en servicios de mala calidad, fugas cuantiosas, contaminación y despilfarro. En todo caso, comprometerá las finanzas municipales, las cuales, en promedio, dependen en una cuarta parte de los ingresos derivados del cobro del agua. Esto es grave, más aún, porque en México se cobra sólo poco más del 60% del agua suministrada en los servicios municipales. Por otro lado, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales se lanzan frontalmente contra derechos de propiedad privada y contra el mercado desde una ideología abiertamente socialista. (Las concesiones podrían considerarse un tipo de derecho patrimonial de propiedad). Ahora se prohíbe vender, ceder o transmitir concesiones o asignaciones de agua entre particulares. En el caso de compra-venta de tierras con concesiones de agua, o fusiones, herencias o sucesiones, el gobierno (la Conagua) decidirá los volúmenes de agua transferibles. Así, se destruyen mecanismos racionales de mercado de asignación de un recurso escaso y valioso, se inocula una gran incertidumbre jurídica en la agricultura productiva y en la industria autoabastecida de México, y desparecen derechos de propiedad, entregándose al control del Estado. Se desmantelan incentivos al uso productivo del agua, y a la inversión en eficiencia. Además, no podrá haber cambios de uso en las concesiones; se prohíbe transferir agua del sector agrícola, por ejemplo, a actividades industriales de mucho mayor valor y menor impacto hídrico y ambiental, o, a las ciudades. Algo absurdo. Y, el gobierno tendrá nuevos poderes confiscatorios, ya que podrá disminuir o cancelar concesiones arbitrariamente para atender sus propias prioridades. Es el socialismo del agua en la 4T.