El Gobierno italiano ganó el miércoles un voto de confianza en la Cámara de Diputados para dar aprobación final a un paquete de desregulación que el primer ministro, Mario Monti, dice que es crucial para el futuro crecimiento de la tercera economía más grande de la zona euro.

La coalición bipartidista que apoya al Gobierno tecnócrata de Monti votó 449 a 79 para aprobar las medidas que tienen como objetivo abrir varias áreas del sector de servicios.

El voto es una victoria bienvenida por Monti, que ahora tiene una verdadera lucha entre sus manos para reformar el rígido mercado laboral italiano.

Monti, llamado al poder hace cuatro meses para salvar a Italia de un desastroso default, enfrentó poca oposición para un paquete de austeridad de 33,000 millones de euros aprobado antes de navidad que incluía alzas de impuesto, duros recortes de pensiones y algunas reducciones estatales de gasto.

Las medidas de desregulación, que se presentaron por primera vez en enero y que fueron sujeto de un intenso tira y afloja entre las facciones políticas en el Senado, salieron de la Cámara Baja sin cambios.

Los intentos de Monti por introducir cambios de largo alcance a la economía italiana están ahora enfrentando su primera prueba de verdad por la reforma del mercado laboral.

El mayor sindicato italiano, CGIL, llamó a una huelga general para protestar contra la reforma laboral el miércoles, un día después de que fue esbozada por Monti. La CGIL dijo que más laxas reglas de despido llevarán a una avalancha de pérdidas de trabajos en los próximos dos años.

El paquete de desregulación aprobado por el Parlamento suprime los aranceles mínimos entre la mayoría de las profesiones, excepto para los abogados, e incrementa el número de farmacias a nivel nacional.

También exige que el productor de gas ENI ceda el control de distribución de gas a la red de distribución Snam Rete Gas. La decisión sólo se hará efectiva para septiembre del 2013, sobre las bases de un decreto que se presentará más tarde este año.

Críticos apuntan que la ley fue diluida en el Parlamento.

El retiro más simbólico por parte del Gobierno fue en un intento de liberalizar la emisión de nuevas licencias de taxi. El poder se mantiene con los alcaldes de la ciudad y no con una nueva autoridad de transporte menos susceptible de ser presionada por el poderoso grupo de presión de taxis, como el gobierno había planeado originalmente.

RDS