Un grupo de 11 países de la Unión Europea (UE) dieron luz verde para trabajar en la introducción de un impuesto a las transacciones financieras, pese a la oposición de algunas naciones que afirman que la medida puede tener un impacto en las inversiones en Europa.

La votación que realizaron los ministros de Finanzas de la UE en Bruselas dio como resultado que Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Portugal, Bélgica, Eslovaquia y Eslovenia obtengan la autorización para trabajar su propio tributo a las operaciones financieras.

Alemania y Francia decidieron impulsar la iniciativa junto a un grupo pequeño de países, después de sus fallidos intentos por aprobar primero el impuesto en toda la UE y luego en los estados miembros de la zona euro.

El gravamen nació de la cabeza del economista estadounidense James Tobin hace 40 años y es una muestra del control que quieren implementar los gobiernos a los bancos, que son señalados como los principales culpables de causar la recesión financiera en el viejo continente.

El impuesto está diseñado para ayudar a pagar por el rescate de los bancos de Europa, desalentar las transacciones arriesgadas y se aplicaría a cualquiera que compre o venda acciones o bonos, o haga inversiones en los mercados de estos 11 países que pretenden utilizar productos financieros complejos llamados derivados.

Al final de la reunión, el comisario europeo encargado de la política tributaria, Algirdas Semeta, afirmó a periodistas: Este es un hito en la historia de los impuestos .

Un funcionario que estuvo durante la votación dijo que los ministros que se abstuvieron de votar fueron los representantes de Gran Bretaña, Luxemburgo, República Checa y Malta.

Luego de la decisión, la Comisión Europea impulsará una nueva propuesta sobre el impuesto, que de ser aprobada por los estados involucrados permitiría que el arancel sea introducido en los próximos meses.

Con la implementación de este nuevo gravamen, algunos expertos han comentado que la recaudación podría llegar a un máximo de 35,000 millones de euros anuales, pero los críticos de éste afirman que no puede operar adecuadamente al menos que sea aplicado en todo el mundo o en toda Europa.