Derivado del cumplimiento de los acuerdos de la Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por su sigla en inglés), este año las empresas tienen la obligación de presentar a las autoridades fiscales declaraciones informativas en materia de precios de transferencia; situación que podría desatar una serie de amparos en el país, consideró Manuel Llaca, socio líder de la práctica legal de KPMG en México.

Destacó que, desde el punto de vista legal, el gremio empresarial tiene algunas inquietudes sobre el cumplimiento con los acuerdos BEPS, ello en cuanto a toda la información que se compartirá y que en ocasiones incluso contiene información de terceros.

En concreto se trata del hecho de que se está solicitando información muy precisa a las empresas y que incluso en ocasiones ni siquiera deberían tener; hay un principio jurídico que dice que las personas sólo estamos obligadas a probar hechos propios y no a aprobar hechos de un tercero , comentó.

Sin embargo, pese a dicho principio jurídico, las empresas que no otorguen la información que está solicitando la autoridad fiscal serán sancionadas.

Cabe destacar que la problemática e inquietudes que hay sobre la exposición de información no es un problema propio de México, pues el 8 de diciembre el Tribunal Supremo de Francia declaró inconstitucionales las medidas BEPS, ello en cuanto a la declaración informativa país por país que se debe hacer.

La firma de asesoría fiscal EY detalló que, la resolución de Francia se dio tras considerar que la obligación de presentar la declaración informativa país por país del grupo y de acceso libre al público viola el derecho fundamental de libertad empresarial, porque obliga a las empresas a revelar su estrategia de negocios.

EY explicó que la obligación de hacer pública información económica y fiscal a través de dicha declaración permite a los competidores identificar elementos clave de su estrategia industrial y comercial, lo cual afecta de forma desproporcionada la libertad de una empresa en relación con el objetivo de la declaración informativa país por país.

Manuel Llaca afirmó que esto sentó tal precedente que al haberse declarado inconstitucional esta normatividad en Francia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisa nuevamente los lineamientos BEPS y probablemente haga algunos ajustes.

Teresa Quiñones, socia Líder de Precios de Transferencia en México, mencionó que luego de la consulta pública que hizo el SAT, en compañía con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, están pendientes las reglas finales para la presentación de las Declaraciones anuales informativas de partes relacionadas.

Debido a la certidumbre que hay tanto en asesores fiscales como en contribuyentes sobre cómo se deberán hacer estas declaraciones, Quiñones confió en que dichas reglas se emitan a más tardar este mes.

Bajo este entorno, se espera que al momento de que las empresas en México tengan que presentar sus declaraciones informativas, muchas interpongan su amparo sobre la entrega de información.

Aunque el 2016 fue un año en el que la Suprema Corte respaldó todas las medidas fiscalizadoras y las facultades de la autoridad fiscal; en cuanto al cumplimiento con los acuerdos del BEPS, al parecer podría tener una tendencia diferente, pues en semanas anteriores declaró inconstitucionales las disposiciones que regulan la obligación de los contribuyentes de presentar información sobre operaciones relevantes.

El socio líder de la práctica legal de KPMG en México, reconoció que aunque es un tema diferente al final es una obligación en donde se debe reportar a la autoridad para que tenga más control; consideró necesario que todo el cumplimiento con los acuerdos del BEPS se alinee a todos los aspectos legales y constitucionales, es decir, que se le pida la información adecuada a todas las instituciones y no que se pida información de terceros.

No se trata de no querer reportar información, sino de pedir que no trastoque los derechos de las personas. La OCDE ya está considerando modificar sus lineamientos, y si bien en México ya es una obligación, se esperaría que si cambian dichos lineamientos, el poder Ejecutivo a través del SAT emita unas reglas para ajustar esta obligación o de alguna otra solución , afirmó.

Por su parte, el SAT ha avanzado mucho para implementar todas las regulaciones emitidas por la OCDE y para que éstas queden incluidas dentro de la normatividad mexicana, esto a pesar de que algunas disposiciones no son obligatorias.