El presidente de Argentina, Mauricio Macri, inicia su tercer mes de mandato con un clima político complejo. Con el desbloqueo de las tarifas energéticas, el aumento de los despidos en los organismos estatales y la resistencia sindical en la preparación de las negociaciones paritarias, la Casa Rosada debate si adelantar alguna de las medidas destinadas a amortiguar el costo social que traerá la inflación y que estaban previstas para marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias del Congreso, para calmar el creciente malestar social.

Mientras se decide, Macri deberá encajar la convocatoria de la primera huelga general de su mandato. La Asociación de Trabajadores del Estado anunció recientemente una jornada de paro nacional para el 24 de febrero en rechazo a los despidos masivos en el sector público y en demanda de la reapertura de paritarias.

Entre las medidas dirigidas a aliviar el golpe de la subida de los precios que presentará el Ejecutivo en marzo están la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para los contribuyentes en régimen de monotributista y la reducción del IVA a los alimentos de la canasta básica.

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Para algunos ministros, sin embargo, marzo queda lejos y temen que la luna de miel se acabe antes de lo esperado, por lo que abogan por realizar un gesto, por decreto, que ayude a calmar los ánimos.

Aumentar las tarifas y no actualizar el impuesto a las ganancias de inmediato se vuelve una injusticia , afirmó Elisa Carrió, diputada nacional por la Coalición Cívica, al tiempo que adelantaba su proyecto para modificar el impuesto a las ganancias. Proponemos aumentar el mínimo no imponible a 47,430 pesos (3,350 dólares) mensuales y una actualización de toda la tabla de deducciones . Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, aseguró que la propuesta de Carrió está en línea con su plan. En una de sus primeras declaraciones como ministro adelantó que se mandaría un proyecto al Congreso para aumentar el mínimo no imponible a 30,000 pesos.

Otros consideran, en cambio, que esta señal a la clase media no debe hacerse por decreto para evitar avivar el conflicto en el Congreso a un mes de que retome sus sesiones ordinarias. Algunos no creen conveniente modificar el impuesto a las ganancias por decreto.

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Tras la eliminación de los subsidios a la energía en Buenos Aires, el gobierno anunció el 3 de febrero la eliminación del régimen de tarifas máximas para los vuelos de pasajeros dentro del país. La intención es compensar desequilibrios para viabilizar la continuidad de las empresas prestatarias , pero el resultado añade presión al creciente nivel de precios.

El Ejecutivo estima que la inflación cerrará el 2016 en un máximo de 25%, pero algunos economistas ven ya imposible ese nivel, fijando metas de hasta 28% a nivel estatal y más de 30% para la capital, por el impacto de la subida del precio de la energía.

Los más perjudicados por el incremento de precios serán las familias de clase media y los más vulnerables, señalan los expertos, ya que afrontan nuevos precios con sueldos viejos, hasta que las negociaciones salariales paritarias de este año den algo de esperanza al poder adquisitivo de los argentinos. Por el momento, la intención del gobierno de limitar el techo de incremento salarial a 25% ha sido duramente rechazada por las principales asociaciones gremiales, que solicitan aumentos por encima de 30% y anticipan que, si es necesario, lo pedirán desde las calles.

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Para contener la creciente tensión, Macri se reunió este jueves con los dirigentes sindicales para encontrar un equilibrio, teniendo en cuenta el esfuerzo que tenemos que hacer todos para bajar la inflación , y que es indicador se ubique en una banda de entre 20% y 25%, como proyectó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

Para los gremios, la implementación de un plan antiinflacionario oficial resulta una condición clave para encarar las discusiones salariales bajo un esquema de acuerdos semestrales con pautas de incremento por debajo de 30 por ciento.

Otra de las aristas a las que el gobierno debe prestar atención es al conflicto petrolero local, que se agudiza a medida que el precio del crudo cae. Anticipándose a una ola de despidos, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa firmó con la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales –que agrupa a compañías de servicios y contratistas para operadoras como Halliburton o Schlumberger– un proceso preventivo de crisis que contempla suspensiones subsidiadas rotativas y que alcanzará a unos 2 mil trabajadores de Neuquén. El plan tendrá vigencia por 90 días con opción a prórroga.

El presidente y director ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio, se adhirió al documento, ya que la mayor parte de las operaciones de la estatal están en Neuquén. A cambio de la paz social, las empresas garantizaron que durante la vigencia de las suspensiones no habrá despidos sin causa justa y que se priorizará la mano de obra local, consignó El Cronista. Más allá de Neuquén, hay unos 10 mil trabajadores en riesgo en toda la industria petrolera. Se estima que el plan preventivo se extenderá a Chubut y Santa Cruz.

(Con información de Cronista / Argentina)

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