Las fallas en el procedimiento para la obtención de información en juicios de defraudación fiscal han hecho que muchos de estos delitos queden impunes, lo que termina lastimando a la sociedad mexicana, afirmó Ambrosio Michel, especialista en derecho fiscal.

El especialista detalló que dicha impunidad se deriva de un trabajo mal hecho por parte de algunos servidores públicos, lo que provoca casos mal fundados, que pueden ser fácilmente desestimados bajo el amparo de la obtención ilícita de información.

Añadió que la corrupción permite que haya personas que aceptan un cargo público sin tener la capacidad ni el conocimiento necesario para desempeñar su labor correctamente, y que también hay corrupción cuando los servidores públicos pretenden combatir delitos de una manera arbitraria y violando derechos humanos.

Por lo anterior, destacó: Sería iluso pensar que una autoridad puede combatir la defraudación fiscal violando derechos humanos; la impunidad también se abriga mucho en la falta de estudio y capacidad de los servidores públicos .

Por otro lado, comentó que no se debe olvidar la forma en la que la autoridad fiscal debe llevar a cabo las investigaciones y obtención de pruebas para armar exitosamente los casos de defraudación fiscal y de sus equiparables.

En México, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicar las leyes fiscales, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para ello, existen procedimientos por medio de los cuales el fisco debe notificar a los contribuyentes del inicio de los actos de fiscalización.

El especialista en derecho fiscal recordó que entre las facultades de comprobación que tiene el SAT está solicitar información a instituciones de crédito, ya que al tratarse de delitos fiscales éstas no se contraponen con el secreto bancario; las leyes establecen excepciones para que los bancos puedan proporcionar información a algunas autoridades.

La SHCP es la facultada para formular las querellas por los delitos fiscales, ello lo hace por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación; sin embargo, contrario a lo hecho en algunas ocasiones, no es esta última la que puede solicitar la información a los bancos.

Solamente el SAT es el autorizado para solicitar a los bancos la información financiera de los contribuyentes; siempre y cuando ya haya hecho visitas domiciliarias. Después de dicha revisión, puede solicitar y analizar la información de los bancos, para posteriormente elaborar un dictamen y enviarlo a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Hasta este momento es cuando dicha procuraduría puede formular una querella, no antes , acotó Michel.

Ambrosio Michel informó que desde el 2012, diversos servidores públicos de la Procuraduría Fiscal de la Federación han solicitado información bancaria con respecto a algunos contribuyentes, ello sin existir previamente actos de fiscalización y solicitud de información del SAT.

Esto lo ha hecho en diversos casos emblemáticos; la información obtenida indebidamente se convierte en pruebas ilícitas que no servirán para procesar a las personas que realmente cometieron delitos fiscales; se han otorgado varios amparos basados en estos fundamentos , acotó.

Esta situación termina siendo un verdadero problema pues no se puede aceptar que la corrupción se combata con más corrupción. En este sentido, destacó que se requiere que las autoridades estudien el procedimiento con el cual deben y pueden solicitar información para armar casos sólidos y atacar la defraudación fiscal.

Así se evitarán sorpresas que lastiman a los mexicanos, pues se trata de casos emblemáticos de defraudación fiscal que se pierden debido a la mala integración de los expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación; tener un caso bien armado evita la impunidad , concluyó.