Después de que Iván Duque fuera elegido como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2018- 2022, la corporación financiera Fitch Ratings dio a conocer, por medio de un comunicado desde Nueva York, que esta victoria “debería apoyar la continuidad en política económica, incluyendo los objetivos de inflación y el régimen de tipo de cambio flexible, aunque el impulso del crecimiento y la consolidación fiscal serán desafíos claves para su administración”.

La entidad dio a conocer que la regla fiscal exige que el déficit disminuya más de 3.1% para el 2018 y 2.4% para el 2019 por lo que para Fitch “la meta del 2018 es alcanzable, pero una consolidación mayor hacia el objetivo del 2019 será más difícil sin medidas adicionales de gastos o ingresos”. Aunque agregó que el aumento que han tenido los precios del petróleo debería verse reflejado en ingresos petroleros mayores para el gobierno que se traducen en un amortiguador fiscal. Una demanda interna más fuerte por “tasas de interés menores y una inversión mayor en infraestructura pública deberían llevar a un crecimiento mayor del PIB de 3.3% en el 2019”, agregó la firma.

Concluyó que los posibles cambios en el acuerdo de paz podrían incrementar la incertidumbre y de esta forma afectar la confianza de los inversionistas y poner en riesgo el crecimiento económico.

Gremios del agro extienden peticiones

Por otra parte, el respaldo oficial de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que recoge a 21 de los principales gremios del sector agropecuario del país al programa de política rural, no es ni mucho menos un cheque en blanco, por ello, los diferentes representantes del sector han dejado claras cuáles son las propuestas en las que el nuevo presidente deberá concentrar sus esfuerzos para el desarrollo del campo en el próximo cuatrienio.

Entre ellas, hay una serie de peticiones transversales como la seguridad jurídica de la propiedad rural que permita atraer mayor inversión, el acceso al crédito para generar rentabilidad en el campo, el fomento de empleos formales con verdaderas oportunidades para la mujer o una despolitización de las entidades públicas.

“El ICA, Finagro o el Banco Agrario no deberían quedar en manos de cuotas burocráticas y sus directivos deberían estar altamente capacitados para beneficiar los intereses de los productores”, explicó.

En definitiva, “se necesita una política agropecuaria de largo plazo que garantice todas estas peticiones”, manifestó Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

En particular, son varios los gremios que incluyen en su lista de solicitudes un mayor control a las importaciones, máxima alerta al contrabando que proviene especialmente de Venezuela, medidas para frenar el dumping o una mayor inversión que permita el dinamismo del sector.

En concreto, una de las mayores preocupaciones de los lecheros es el tratado de libre comercio que se cocina entre los países miembro de la Alianza del Pacífico con Nueva Zelanda, pues se trata del mayor exportador mundial de leche con más de 20,700 millones de litros.

“Le pedimos al gobierno que se excluya el sector lácteo de esta negociación”, indicó el gerente de Analac, Javier Ardila, quien también puso sobre la mesa otras demandas como la de que la unidad de seguimiento de precios de la leche ponga a su alcance la información pertinente, la simplificación de trámites o la devolución del Fondo Nacional del Ganado a los gremios.