El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó al Congreso de no haber incluido ninguna de las inquietudes de los diversos sectores de la sociedad en la reforma fiscal penal que se aprobó este martes en San Lázaro, incluso, indicó que las consultas fueron una simple formalidad y una simulación.

El organismo cúpula del sector privado aseguró que se alertó de forma oportuna sobre las consecuencias negativas que tendrá esta reforma.

“El CCE lamenta que, para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales, el Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que, en forma oportuna, alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país. Así lo advirtieron, de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones al dictamen para resolver dichos efectos”, precisó el organismo empresarial en un comunicado.

El CCE aclaró que “apoya formalmente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal. La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal y se debe aplicar todo el peso de la ley”, pero insistió en que la falta de precisiones en la ley genera un temor entre las empresas formales, por lo que pidió a la autoridad “que sean sensibles” en la aplicación de ésta.

“Hacemos un respetuoso exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos”, añadió

Prevén juicios contra la Ley

Por la mañana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que podría interponer un juicio de amparo contra la reforma penal fiscal.

Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, consideró excesivo que se tome la emisión de facturas falsas como amenaza de seguridad nacional, ya que si bien afecta la recaudación tributaria, no pone en riesgo la estabilidad financiera ni económica del país. Por lo anterior, refirió que esta reforma puede ser cuestionada por su inconstitucionalidad.

“Si tenemos las condiciones legales, estaríamos dispuestos a revisar y a coordinar la posibilidad de promover un juicio de amparo”.

Luis Curiel, presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, aclaró que los juicios de amparo se darían hasta que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.

Reginaldo Esquer Félix lamentó que no se modificara la minuta, pese al esfuerzo que hicieron los empresarios para convencer a los legisladores y mostrar su molestia.

“De nada o de muy poco sirvieron los comunicados, reuniones, mesas de trabajo y Parlamento Abierto (...) Se intentó convencer del gran daño que, en nuestro parecer, provoca esta reforma”, lamentó.

Esquer Félix hizo hincapié en que la cúpula empresarial apoya el combate contra la evasión fiscal, ya que genera una competencia inequitativa.

No da seguridad jurídica

Por su parte, Arturo Pueblita, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, indicó que la reforma es un atentado contra la seguridad jurídica de los contribuyentes y, lejos de combatir la evasión, “abre una escopeta para que los contribuyentes cumplidos, que llegaran a estar involucrados, puedan ser considerados como delincuentes y perder beneficios constitucionales, como es la presunción de inocencia”.

Añadió que las modificaciones podrían tener un impacto en las inversiones que realizan los empresarios en el país y que, difícilmente, se incremente los ingresos que obtiene el gobierno a través del pago de impuestos.

“Se estaría utilizando una herramienta penal para el incremento de la recaudación, que es lo que se promueve (...) Si queremos incrementar la recaudación, tenemos que generar un crecimiento económico”.

Tanto la Coparmex como el CCE coinciden en que esta reforma pondrá en riesgo la inversión productiva formal del país.

Pese a la oposición del PRI, PAN y PRD, las modificaciones fueron aprobadas por los legisladores, con lo cual se reforman dos leyes y tres códigos federales para endurecer las sanciones contra quien cometa delitos en materia de defraudación fiscal; defraude al fisco federal, y expida, venda, compre o adquiera comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o falsas emitidas por empresas fantasma.

Los castigos serán para aquellos contribuyentes que emitan comprobantes falsos por más de 7.8 millones de pesos.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dijo estar en contra de que subsistan las empresas factureras y a favor de que el gobierno federal incremente la recaudación; no obstante, prevalece la incertidumbre y preocupación para la Iniciativa Privada.

“Nos preocupa la criminalización, el hecho de que un contribuyente por error sin ser una empresa facturera pueda colocarse en un supuesto de ser considerado parte de la delincuencia organizada; nos preocupa el incremento en la retención de impuestos para los pequeños ahorradores, nos preocupan las medidas para la cancelación indiscriminada de los sellos digitales y particularmente nos preocupa el hecho de que empresas estén obligadas a reportar con anticipación sus estrategias aunque éstas sean legales y legítimas; es decir, se está creando una especie de inquisición fiscal, afirmó, luego de la inauguración de la Expo Emprendimiento y Negocios 2019. (Con información de Ilse Becerril)