Con el propósito de echar a andar la disposición legislativa para que antes del 28 de mayo próximo sean aprobadas las dos leyes secundarias de la reforma constitucional de combate a la corrupción, un grupo de ciudadanos encabezados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana pretenden reunir las firmas necesarias que les permitan presentar al Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana de ley general de responsabilidades administrativas.

En entrevista, Jorge Cárdenas Sánchez, coordinador del grupo de trabajo que realizó la iniciativa, explicó que el objetivo es presentar una iniciativa que sirva como base para la aprobación de una de las dos leyes generales, que serán el sustento de la reforma.

Sin embargo, admitió que están con el tiempo en contra, ya que el Congreso de la Unión inició el primero de febrero su segundo periodo ordinario de sesiones donde, de acuerdo con la reforma, deberán aprobarse las leyes secundarias.

Para ser presentado como una iniciativa ciudadana, el proyecto debe ir acompañado por al menos 120,000 firmas, cuya recolección apenas inició.

El proyecto de iniciativa se denomina Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas: Ley 3 de 3, en la cual se destaca la obligación de que los funcionarios públicos y representantes populares presenten, de manera periódica y pública, sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Además, describe una serie de obligaciones y ordenamientos entre las que destacan una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción; sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista de negra de consulta obligatoria, y dotar de recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de estos actos.

También pretende que la ley contemple una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.