La Comisión Europea (CE) seguirá permitiendo las ayudas estatales a empresas con problemas. El martes, el brazo ejecutivo de la UE dió un balón de oxigeno a las empresas comunitarias al prorrogar hasta el 30 de junio del 2021 el Marco Temporal de Ayudas de Estado, el cual fue lanzado en marzo para mitigar el duro impacto del coronavirus en el tejido empresarial.

El Marco Temporal, cuya expiración estaba prevista para el 31 de diciembre, permite a los países miembros rescatar empresas mediante avales directos, beneficios fiscales, préstamos subsidiados, ayudas directas e incluso la recapitalización. De hecho, en este último punto, Bruselas “abrió la mano” al extender hasta el 30 de septiembre del 2021 las medidas de recapitalización.

La prórroga incluye una nueva medida de apoyo, además, Bruselas permitirá que los estados puedan dar hasta 3 millones de euros a las empresas para cubrir parte de sus costos fijos de forma temporal, siempre y cuando hayan sufrido un descenso de su facturación de al menos 30% en comparación con el 2019 y por el impacto del Covid-19.

El objetivo de la Comisión es que la ayuda de los gobiernos evite el deterioro de su capital, así como mantener su actividad y proporcionar a las compañías una plataforma que les permita recuperarse lo más rápido posible cuando la situación regrese a la normalidad.

Y más aún cuando el continente empieza a sufrir las consecuencias de la segunda ola de coronavirus, con récord de casos diarios en casi todos los países.

El nuevo embiste de la pandemia amenaza con poner en riesgo la recuperación y eleva la incertidumbre sobre la evolución que presentará la economía europea en los próximos meses, ante la aplicación de nuevas medidas restrictivas.

Las ayudas estatales de la UE a sus empresas ya han movilizado casi 3 billones de euros,  52.7% han sido notificados por Alemania, seguida por Italia (15.2%) y Francia (14.1%). España es el cuarto país europeo que más ayudas ha notificado con 5% del total.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario también aclaró los requisitos que deberán cumplir los Estados que rescaten empresas de los que ya eran accionistas.

El Estado podrá retirarse a través de una valoración independiente, a la vez que recupera su participación anterior y se mantienen las salvaguardias que garantizan una competencia efectiva en el mercado único.