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Desplazamiento forzado en México, una crisis silenciosa que deja a miles sin hogar
Entre el 2006 y el 2020 se acumularon al menos 356,792 personas desplazadas internamente por hechos de violencia, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Desplazados en Chiapas
El desplazamiento forzado por violencia es una de las problemáticas habitacionales y sociales más graves de México. Cada año, miles de personas abandonan sus hogares ante amenazas, ataques armados y disputas territoriales, una situación que no solo implica la pérdida de una vivienda, sino también la ruptura de comunidades enteras y proyectos de vida.
De acuerdo con el Informe Sobre las Ciudades del Mundo 2026, elaborado por la ONU-Hábitat, al cierre del 2024 existían 123 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo debido a persecución, conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos, el doble de la cifra registrada una década antes.
El organismo advierte que una parte importante de esta población se traslada a ciudades como refugiados o desplazados internos, donde suele habitar en viviendas inseguras y permanece expuesta al riesgo de nuevos desplazamientos.
En México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reportó que entre el 2006 y el 2020 se acumularon al menos 356,792 personas desplazadas internamente por hechos de violencia en eventos masivos.
Para Kelly Muñoz, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), coordinadora y coautora del libro “Desplazamiento forzado interno en México”, el fenómeno comienza mucho antes de que las familias abandonen sus viviendas.
“El desplazamiento forzado empieza desde que la violencia convierte al territorio en un espacio inhabitable, cuando el miedo sustituye la ciudadanía. Nombrar algo como ‘forzado’ implica reconocer responsables, víctimas y derechos vulnerados”, afirmó.
Crisis creciente de desplazamiento
Un ejemplo reciente ocurrió en mayo del 2026, cuando comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, sufrieron ataques por parte de grupos criminales. De acuerdo con autoridades y organizaciones comunitarias de la región, la violencia provocó el desplazamiento forzado de más de 2,000 personas.
Sin embargo, Guerrero no es un caso aislado. Comunidades de Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Chiapas, entre otros, enfrentan situaciones similares desde hace varios años.
Julio César Franco Gutiérrez, director de Manejo de Conflictos en el Centro de Seguridad Urbana y Prevención y consejero del Observatorio Humana de Apatzingán, explicó que el desplazamiento forzado por violencia se reproduce cada vez con mayor rapidez en distintas entidades.
“Este año detectamos desplazamientos en Nayarit y Durango, con movimientos poblacionales que, como es cada vez más usual, se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos”, dijo.
El control del territorio
Los especialistas coinciden en que el desplazamiento forzado interno no debe entenderse únicamente como una consecuencia de la violencia, sino también como un mecanismo de control territorial.
Kelly Muñoz sostuvo que el desplazamiento opera para controlar y reconfigurar territorios mediante la desarticulación de las comunidades, por lo que la violencia funciona como un “dispositivo de desterritorialización”.
“En casos como Sinaloa y otros territorios afectados encontramos que detrás de las expulsiones de comunidades aparecen conflictos vinculados con economías extractivistas, minería, narcotráfico y otras formas de acumulación tanto de poder, como de capital. No se trata solamente de perder una vivienda, se pierde memoria y la posibilidad de proyectar un futuro”, declaró.
Las consecuencias en las victimas son profundas y pueden extenderse durante generaciones. Según el informe de ONU-Hábitat, los efectos incluyen la pérdida del hogar, la destrucción de propiedades y medios de vida, la separación de familias y secuelas psicológicas derivadas de la violencia.
Vacíos institucionales
Uno de los desafíos para desarticular este fenómeno en México es la falta de reconocimiento y atención integral. Actualmente, el país carece de un marco jurídico específico y de estrategias efectivas de acompañamiento para las víctimas.
La discusión cobró relevancia en junio de este año, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en relación con un amparo sobre la inacción legislativa y gubernamental frente al desplazamiento forzado interno, que no es obligación del Estado mexicano responder a las recomendaciones internacionales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Con esto perdemos una ruta de actuación. Lamentablemente estos recursos internacionales pierden mucha potencia, más no su calidad como instrumento de reivindicación y de lucha”, sostuvo Franco.
Prevenir antes de reconstruir
Ante el aumento de los desplazamientos internos, ONU-Hábitat plantea que los gobiernos deben facilitar el acceso a diversas alternativas de vivienda, incluidos los esquemas de alquiler privado, programas de transferencias monetarias y la eliminación de prácticas discriminatorias en el mercado habitacional.
No obstante, el organismo enfatiza que la prevención debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia pública.
“Los hogares y los medios de vida son mucho más fáciles de demoler que de reconstruir, por lo que la destrucción de viviendas, ya sean autoconstruidas, informales o formales, debe evitarse siempre que sea posible”, se lee en el reporte.
