Las recientes reformas constitucionales en materia educativa y su fracción V del Artículo 3° constitucional establecen que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y que el Estado debe apoyarla. También se ha dado la modificación del Artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión de legislar en la materia.

En este momento se trabajan las reglas para la nueva ley general de ciencia, tecnología e innovación (CTI), que será punto de quiebre para el devenir del país en ese sentido.

A partir de ello, la mañana de este martes, la Red ProCienciaMx presentó una iniciativa colectiva de ley general de CTI, donde se plantea un esquema de gobernanza descentralizado, incluyente y participativo, basado en sólo dos órganos, uno de decisión estratégica y otro de consulta y participación, simplificando así el modelo actual.

“El cambio en el Artículo tercero de la Constitución abrió una enorme oportunidad que no podemos desaprovechar como comunidad mexicana en general. Esto nos permitió como grupo salir de nuestros laboratorios y unirnos, reunirnos, conocernos, intercambiar ideas, y esta propuesta es el resultado de esos intercambios. Ésta es una masa moldeable que aún puede enriquecerse con la participación de otros sectores de la sociedad”, aseguró la doctora Martha Espinosa Cantellano, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), en conferencia de prensa, junto con algunos de sus colegas.

Esta iniciativa surge de un consenso entre amplios sectores de la comunidad científica a partir de un encuentro realizado el pasado 15 de noviembre, en el que estuvieron representadas todas las áreas del conocimiento, y del cual emanaron los principios que orientan la iniciativa de ley.

El diseño que plantea el documento es inédito, puede establecerse de manera independiente pero concurrente en los diferentes niveles de gobierno, respetando el federalismo y la soberanía de las entidades federativas y generando, al mismo tiempo, redes de comunicación.

Asimismo, replantea la definición, reconocimiento y otorgamiento de atribuciones a los Centros Públicos de Investigación, sentando las bases para la preparación de una ley de centros públicos de investigación que incluya a los Institutos Nacionales de Salud y otras instituciones públicas que realicen investigación científica, médica, clínica o desarrollo tecnológico. Son 14 principios los que se proponen.

“Es la respuesta del sector científico ante acusaciones en las cuales parecería que no estamos involucrados en las decisiones del país. Pero lo estamos, y mucho, por lo que deseamos tener la mejor ley posible”, consignó David Romero, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.

Agregó que la representación es importante. Por ello, la propuesta de ley que surgió de la senadora Ana Lilia Rivera el año pasado preocupó mucho. “Sobre esa iniciativa de ley, tal vez lo más preocupante es que era absolutamente centralizada y no consultaba prácticamente nada ni a nadie de la comunidad científica. Eso es algo que quisiéramos corregir en el proceso”.

Por su parte, la doctora en investigación biomédica, Brenda Valderrama, agradeció la presencia de la diputada Geraldina Herrera, pues “es el primer contacto que se tiene con el Legislativo” y una vía abierta para hacer llegar la propuesta de una manera eficiente.

Ésta no es una iniciativa ciudadana, pues no cuenta con el respaldo de firmas con el que debe contar dicho recurso, por lo que la ruta será llevar el documento ante legisladores para que pueda ser tomado en cuenta. “Estamos dispuestos a ir con cada uno de ellos y explicar cada punto”, concluyó la integrante de ProCienciaMx.

[email protected]