Sujetar a las OTT (plataformas de servicios digitales por internet) a las disposiciones de la legislación mexicana de derechos de autor y obligarlas a tributar en territorio mexicano, destinando los recursos así obtenidos a la producción nacional, son algunas de las propuestas de La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC)

Su presidente, Ernesto Contreras, realizó un posicionamiento ante el Foro de Fondos Públicos de Apoyo a la Producción convocados por el gobierno en transición.

Con esta propuesta, Netflix y Amazon Prime Video, los dos gigantes, tendrían que pagar impuestos en México y destinar recursos a la producción nacional.

“Y las OTT deberán contemplar una cuota de producción nacional e independiente; transparentar y uniformar los criterios utilizados por los algoritmos de dichas plataformas, para que el cine nacional e independiente sea accesible, en igualdad de condiciones, para las audiencias nacionales”.

Además, la AMACC quiere: “Establecer un incentivo fiscal para los exhibidores que exhiban un mínimo de 35% de cine nacional;  Eliminar el pago del VPF exigido por parte de los exhibidores; El Virtual Print Fee es un impuesto sobre la copia digital que deben pagar los productores de las películas a los exhibidores que llega a alcanzar los 800 dólares por copia.

“Revisar el Film Rental, o porcentajes de distribución de las ganancias en taquilla. Establecer medidas compensatorias que contrarresten el desplazamiento del mercado que sufren las películas de factura nacional, mediante la aplicación de un arancel a la importación de películas norteamericanas”.

También, piden exentar a las compañías extranjeras de distribución cinematográfica, del pago del impuesto a la remisión de remesas a sus casas matrices, permitiéndoles que dicho importe lo destinen a la producción de obras audiovisuales nacionales.

En cuanto a la televisión, proponen imponer una tasa del 5% a la facturación por la venta de espacios de publicidad que ofrecen las televisoras concesionadas, destinando el importe así obtenido a la producción de obras audiovisuales nacionales.

“Garantizar que el Estado apoye al cien por ciento la producción de cine para niños, cuyo contenido debe ser formativo, atractivo y entretenido para los infantes. Dotar a las televisoras públicas nacionales y a las plataformas digitales creadas por el Imcine de recursos económicos suficientes para que adquieran los derechos de transmisión de las producciones nacionales y de producción independiente a precios competitivos”.

En el documento presentado por el cineasta Ernesto Contreras, se plantea la creación de una red nacional de cinetecas y salas de exhibición alternativa.

“Que ayude a atenuar la apabullante presencia de cine norteamericano, que llega a ocupar hasta el 95% de las pantallas de Cinépolis y Cinemex”.

Y asegura que es necesario una revisión de los fondos y estímulos a la producción nacional. Respecto a los fondos y estímulos propiamente dichos, proponemos que las reglas con las que operan los fideicomisos de apoyo a la producción nacional se revisen de manera.

“Fidecine y Foprocine operan desfasados de la era digital y de la convergencia tecnológica, lo cual los ha ido convirtiendo en mecanismos cada vez menos idóneos para apoyar la producción audiovisual del siglo XXI”.

Solicitan que “los fondos no debería adquirir a perpetuidad los derechos patrimoniales de las películas; por el contrario, una vez que el monto del apoyo otorgado le sea reembolsado, la entidad de fomento tendría que devolverle al productor el porcentaje de participación que hubiese tenido”.

Respecto al estímulo fiscal denominado Eficine, contemplado en el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consideramos que éste debe ser destinado a los productores y los creadores, para evitar que sean los grandes aportantes, es decir los conglomerados empresariales más poderosos del país, los que dicten el contenido de las películas.

“Proponemos establecer un mecanismo de pre-certificación de proyectos conforme a criterios de calidad, elegibilidad y otros que se determinen, con el fin de volver más transparente y equitativa la obtención de apoyos de los contribuyentes interesados en invertir bajo las reglas del EFICINE. En este mismo sentido, proponemos también que la dictaminación de los consejos de evaluación sea de carácter vinculante”.

El documento enfatiza que  México requiere de políticas públicas que atiendan de manera integral, moderna y responsable a la industria cinematográfica y audiovisual.

“Se requiere de un abordaje legislativo transversal y convergente que considere la realidad global de la multipantalla; que abarque todas las plataformas tecnológicas y servicios; y que considere la complejidad inherente a la creación y producción audiovisuales”

Es necesario alinear las leyes de cultura, cinematografía, educación, trabajo, comunicaciones y competencia económica, con el fin de que el Estado regule la actividad cinematográfica y establezca condiciones equitativas para garantizar el derecho de las audiencias al consumo de los contenidos audiovisuales nacionales. Estos deben ser responsabilidad exclusiva de los creadores, entendidos como los escritores, directores, productores, cinefotógrafos y, en su caso, autores de los dibujos animados. La realización de las obras cinematográficas y audiovisuales debe estar sujeta, ante todo, a los intereses culturales de la nación mexicana, al ejercicio de la libertad de expresión de los creadores, y a criterios de pluralismo y diversidad.

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