En respuesta a la solicitud que hizo el Archivo General de la Nación (AGN), el pasado 16 de enero al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), de liberar integralmente los fondos documentales de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) y de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) que perteneció a la Secretaría de Gobernación, el Inai resolvió realizar una mesa conjunta para analizar el tema para “establecer una postura pública cuidadosamente fundada y motivada” que comenzará el próximo 7 de febrero.

“Las mesas técnicas comenzaron ayer formalmente entre los equipos, los equipos técnicos del Inai en las áreas de archivos dentro de la Secretaría de Acceso a la Información, así como de protección de datos personales y por el lado del Archivo de su Dirección Jurídica”, dijo el presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, durante la sesión del 22 de enero de este instituto.

Además, en la ponencia de la resolución RRA 12925/19 el Inai votó a favor para modificar la respuesta del Archivo General de la Nación y poner a disposición del solicitante las versiones públicas de los documentos sobre Jesús Murillo Karam y Jorge Rojo Lugo contenidas en los fondos DFS/IPS.

El Archivo General de la Nación también dio cuenta de las mesas técnicas mediante un comunicado en el que dijo no se deslinda de su responsabilidad para garantizar la consulta pero repitió que el Inai “es la única autoridad competente para autorizar que los sujetos obligados den acceso a la información contenida en los documentos históricos que posean datos personales sensibles, cuando el interés público sea mayor a cualquier invasión a la privacidad”, por lo que extendió la invitación a los profesionales interesados en aportar al diálogo de las mesas técnicas que estarán próximas a realizarse.

Sobre el retraso de la publicación de la convocatoria para su Consejo Técnico y Científico Archivístico que establece la Ley General de Archivos (LGA) dio a conocer que están en revisión de sus lineamientos desde el 9 de diciembre de 2019 que fue entregado al Consejo Nacional de Archivos (CONARCH) para su aprobación.

El AGN aseguró que los polémicos fondos documentales no le fueron transferidos “según lo establece el artículo 36 de la LGA, de ahí que no sea aplicable al caso concreto; por lo tanto deberá sujetarse al supuesto estipulado en el artículo Décimo quinto transitorio, en relación con el párrafo segundo del artículo 36 mencionado. Bajo este fundamento, la consulta de este fondo documental se realiza por medio de solicitud de acceso a la información”, respondió al pronunciamiento que firmaron más de 250 historiadores que calificaron como inconstitucional que los archivos históricos desde 1949 a 1985 no sean de libre consulta.

El AGN respondió que los documentos que generaron las corporaciones de inteligencia del Estado mexicano contienen datos sensibles como: ideología política, creencias religiosas o morales, identidad sexo-genérica, “así como algunos otros que ponen en riesgo la integridad física de las personas que se mencionan o que les pueden generar una discriminación o estigma injustificados”.

Según el Registro Nacional de Archivos Históricos se contabilizan 2,694 en México; las entidades federativas que más tienen son Michoacán con 233, Jalisco con 219 y el Estado de México con 198; 1,002 archivos son municipales, esto significa que 1,455 municipios no cuentan con su propio archivo histórico, lo que significa que la mitad del país no cuenta con un acervo documental en el nivel de gobierno más cercano a las personas, “lo que puede vulnerar la rendición de cuentas, la preservación de la memoria histórica y el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública”, expuso el comisionado Joel Salas Suárez en la sesión del Inai.

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