La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a algunos de los 31 exfuncionarios y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que investiga por delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho.

Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del Conacyt, así como Julia Tagüeña, fundadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), fueron citados a declarar este martes, aunque no fueron recibidos debido a medidas de protección ante el Covid-19, y su audiencia fue reprogramada. También para esta semana están citados en la FGR José de Jesús Franco López y Gabriela Dutrénit Bielous, ambos excoordinadores del FCCyT.  

José Rodrigo Roque Díaz, extitular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt entre 2013 y 2014, es una de las 31 personas que la Fiscalía intentó recluir en un penal de máxima seguridad por delitos federales. Consultado por El Economista dijo que no ha sido requerido por la dependencia, y destacó que también le ha dado acceso a la carpeta de investigación.

Reiteró su confianza en las instituciones, pues argumentó que un juez ya analizó a detalle el delito de cohecho del que se acusó a las 31 personas, analizó pruebas y concluyó que no hubo delito y, por lo tanto, tampoco existió el uso indebido de atribuciones y mucho menos lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Ese asunto ya está resuelto, ya es cosa juzgada, ya no hay forma de que se modifique esa resolución judicial que dice que no hay delito que perseguir. Esa resolución judicial no fue impugnada por la Fiscalía. Si estuviera en contra de la resolución del juez, la hubiera combatido mediante un recurso, pero como no lo hicieron, ese asunto ya está resuelto por el Poder Judicial”, expresó.  

El pasado 22 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que creará un nuevo expediente para solicitar a un juez -por tercera ocasión-  orden de aprehensión en contra 31 científicos a quienes acusa de haber desviado 244 millones de pesos, no obstante de que dichos montos fueron autorizados por el Conacyt como lo determinó un juez que negó las órdenes de aprehensión.

Un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, por delitos patrimoniales en contra del erario público. Esto a raíz de una denuncia que presentó ante la FGR la titular del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla.

Ante esa negativa, la Fiscalía dijo que el Ministerio Público de la Federación no coincide con los argumentos expuestos por el juez, “y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”.

“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, afirmó la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero.

La FGR dijo que intentará con un nuevo expediente la judicialización del caso, y llevará a cabo todos los recursos procedentes que tenga para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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