Senado reactiva discusión sobre ley antilavado de dinero

Ya sin las figuras filosas que propuso el presidente Felipe Calderón en su iniciativa, el Senado se comprometió a reactivar la discusión de la ley antilavado de dinero a partir del 9 de febrero próximo, mediante una discusión con expertos nacionales e internacionales.

El vicepresidente del Senado, Ricardo García Cervantes (PAN), anunció que el 9 de febrero próximo la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por su sigla en inglés), junto con el Instituto Belisario Domínguez y la Comisión de Justicia del Senado llevarán a cabo el Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero , cuyo objetivo será que los legisladores obtengan la mayor y mejor información posible sobre la corrupción y los esquemas internacionales para la prevención, detección y represión de la corrupción y del delito de lavado de dinero .

Arranca la discusión

La negociación en el Senado sobre las herramientas de combate al blanqueo de dinero comenzará a partir de un proyecto de dictamen que, como lo detalló El Economista el 14 de diciembre pasado, ya no contempla las figuras filosas que propuso el Ejecutivo en materia de combate al blanqueo de dinero.

Modificado junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el nuevo modelo crea una estrategia integral que no obligue a los ciudadanos a convertirse en investigadores, evita la criminalización de notarios, corredores y fedatarios, y traslada de la SHCP a la Procuraduría General de la República (PGR) las facultades para detectar y detener los recursos que utilizan el crimen organizado y el narcotráfico.

El nuevo proyecto contempla la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada a cargo de la SIEDO de la PGR y Hacienda es la dependencia de inteligencia financiera que sirve de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre esta actividad.

Considera errónea la iniciativa de Calderón para obligar a notarios, corredores, fedatarios públicos y abogados a reportar actividades sospechosas, sin garantías jurídicas, para evitar que sean víctimas de represalias por parte de la delincuencia organizada.

Para garantizar su seguridad esos profesionales no estarían obligados a reportar directamente a la autoridad, sino mediante una entidad colegiada que deberá crearse.

Además, se eliminan las sanciones penales para dejarlas en sanciones administrativas y económicas cuando falseen, impidan u omitan entregar la información. Se insertó a los bancos como corresponsables de combatir ese delito, a través de reportes a la autoridad, hecho que Calderón no contempló.

jmonroy@eleconomista.com.mx