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Decisión de SCJN sobre UIF afecta certeza jurídica
Para mitigar los efectos de esta resolución, el organismo empresarial exhortó al Poder Legislativo a colmar los vacíos legales mediante propuestas.
La Suprema Corte determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas sin orden judicial.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la resolución tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica del país.
Desde la Coparmex se enfatizó que, en el marco del T-MEC, la capacidad de una autoridad para restringir activos sin control judicial previo afecta la percepción de riesgo de los inversionistas nacionales e internacionales.
Asimismo, alertaron que el impacto de la resolución recae de forma desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que representan más del 99% del tejido empresarial y cuya operación depende de la liquidez diaria.
“Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de Derecho, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas”, mencionó la Coparmex en un comunicado.
La resolución, que fue aprobada por una mayoría de seis votos contra tres, establece que el bloqueo procede cuando la UIF cuente con indicios suficientes de vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo. Sin embargo, el sector patronal señaló que esta determinación abandona criterios previos y vulnera el principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución.
“Esta medida puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa”, argumentó la Coparmex.
Recomendaciones
Para mitigar los efectos de esta resolución, el organismo empresarial exhortó al Poder Legislativo a colmar los vacíos legales mediante propuestas.
La primera de ella definir con claridad los supuestos que justifican un bloqueo, mediante criterios objetivos y verificables, así como establecer un control judicial previo que valide la legalidad de la medida en un plazo máximo de 6 horas.
Fijar un plazo no mayor a 15 días para que la autoridad sustente la medida con elementos suficientes. Definir con claridad los supuestos que justifican un bloqueo mediante criterios objetivos.
Además de garantizar la notificación inmediata al titular para ejercer su derecho a la defensa.
También se propone crear un régimen de responsabilidad cuando existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas e incorporar criterios de transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades.