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Política

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Regularización Migratoria, inaccesible debido a altos costos

El Programa Temporal de Regularización Migratoria es poco accesible para personas migrantes irregulares debido a los altos costos, denunció el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria

El Programa Temporal de Regularización Migratoria (PTRM) es poco accesible para personas migrantes irregulares debido, en particular, a los altos costos, denuncia el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, formado por organizaciones civiles, académicos y activistas.

El Programa, que entró este martes en vigor, no se apega a la realidad y necesidades de la población migrante irregular en nuestro país, principalmente por sus altos costos y la no autorización para trabajar, señala el grupo de trabajo.

El programa que estará vigente del 13 de enero al 18 de diciembre del año en curso, sólo brindará la posibilidad de una regularización temporal por 4 años, y no permanente para la población migrante.

Además, el grupo señala que no hay autorización para trabajar, lo que convierte a este proceso en un trámite y costo adicional, una vez finalizado el proceso de la obtención de la tarjeta de residente temporal. Al no permitirles trabajar en el país, hace que la solución no sea real pues el trámite adicional para obtener dicho permiso es uno de los obstáculos actualmente existentes en la Ley de migración y su Reglamento .

El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria argumenta que una persona apegada al programa deberá pagar para su estudio y recepción 1,124 pesos y si fuera aceptado el costo sería 7,914 pesos siendo en total por persona la cifra ascendería 9, 038 pesos, más la multa correspondiente por su estancia irregular en el país.

Debido a los costos una familia de 3 personas o más personas le será imposible acceder a dicho programa, por lo que no es accesible para las personas migrantes en situación irregular.

Al monto anterior se sumará, no sólo el pago de 2,642 pesos para tramitar un permiso laboral, sino también, contar con una oferta de empleo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Migración y su Reglamento, es decir, que la oferta laboral provenga de un empleador registrado ante el Instituto Nacional de Migración, o si se trata de un trabajo independiente, estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con el Grupo de Trabajo, si bien el programa diversifica los documentos a través de los cuales se puede comprobar el ingreso a territorio nacional antes del 9 de noviembre del 2012 y que a la fecha se encuentren residiendo en el país, asimismo señala que ninguna persona que se acerque a solicitar su regularización migratoria será detenido por el Instituto Nacional de Migración; sigue contemplando supuestos ligados a la seguridad nacional, bajo los cuales las personas no pueden regularizarse, los cuales son discrecionales y discriminatorios.

ana.langner@eleconomista.mx

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