Cambios en Iniciativa Mérida, un gran reto

Apenas unos días antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a México, las autoridades de ambos países anunciaban un reenfoque de la cooperación bilateral en materia de seguridad: la Iniciativa Mérida tomaría un nuevo rumbo para centrarse en la prevención del delito a manera de combate al crimen y el impulso del marco de la justicia penal nacional. Un cambio que, a decir de especialistas consultados por El Economista, enfrenta el gran reto lograr la adopción de las medidas en gobiernos locales y aguardar por resultados que se darán lentamente.

Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, destacó que el cambio de perspectiva de este acuerdo de cooperación en materia de seguridad responde a la modificación del gobierno nacional con respecto al tema de seguridad.

Detalló que el nuevo enfoque de apoyar la estrategia de prevención del crimen tardará en manifestar los resultados que llegue a tener, hecho que representará un desafío.

Por otra parte, Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidos contra las Drogas y el Delito, refirió que el giro del plan Mérida debe ahora traducir en acciones concretas las propuestas anunciadas previamente.

La lucha en contra del crimen organizado a través de una política de salud, de una cultura preventiva multidisciplinaria requiere de voluntad política y recursos necesarios para poder instrumentarse, aseguró Mazzitelli. Esto también requiere que las entidades federales adopten estas medidas, así como un compromiso financiero para lograr un reordenamiento territorial e inversiones en infraestructura para generar espacios a la comunidad y policías vecinales no represivas.

Mazzitelli celebró, por otro lado, el anuncio de la creación de Cortes de Drogas coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

Antonio de la Cuesta, investigador y Director de Análisis Político en el Centro de Investigación para el Desarrollo, refirió que dentro de esta reestructuración del Plan Mérida es necesario que integren mayores mecanismos de rendición de cuentas para que los ciudadanos estén enterados de manera concreta hacia dónde va el dinero.

Al respecto, el Director Asociado del Programa de América Latina del Centro Woodrow Wilson expuso a través del artículo El futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos. Iniciativa Mérida , publicado en el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012 del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, que no obstante el compromiso de ambos gobiernos para continuar con la relación bilateral en materia de seguridad, la confianza que se ha generado no es irreversible.

MAYOR RIGOR

Estados Unidos debería exigir al gobierno mexicano el cumplimento de los requisitos en materia de derechos humanos que se establecen como condicionante a una porción de los recursos de la Iniciativa Mérida, expresó Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

En conferencia, Raczynska expuso que el Congreso estadounidense debería retener una parte del dinero que se brinda a México mediante este acuerdo de cooperación, pues las autoridades no han cumplido aún en términos de erradicar el uso de la tortura por parte de elementos de seguridad ni los militares han sido juzgados por tribunales civiles cuando cometen violaciones a las garantías individuales.

Visita de Obama

Piden integrar agendas en pro de derechos humanos

Un grupo de más 100 organizaciones civiles, nacionales e internacionales instaron a los gobiernos de EU, México y América Central a integrar en las agendas de cooperación trasnacional el problema de la grave crisis de derechos humanos que padece mesoamérica .

En el marco de la visita de Barack Obama a México y de la Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana en Costa Rica, 142 organizaciones mexicanas y extranjeras destacaron la necesidad de dar un nuevo enfoque al dialogo regional y a la inversión de fondos para atacar los fundamentos de la violencia.

La solicitud de las agrupaciones pide a los gobernantes plantear el hecho de que la militarización de la guerra contra la droga ha aumentado la violencia y no ha logrado proveer seguridad a la ciudadanía.

ana.langner@eleconomista.mx