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Antigua, la alerta de los abusos contra activistas
A la CNDH se le pidió revisar el trato que se les daba a los denunciantes en Chihuahua.
El Congreso alertó desde el 2009 sobre los abusos de autoridad que se cometen en Chihuahua en contra de los ciudadanos que presentan denuncias relacionadas con el crimen organizado, como la que presentó Marisela Escobedo Ortiz, quien fuera asesinada la semana pasada después de una protesta para exigir justicia por el asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo.
El 23 de junio del 2009, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión integrada por senadores y diputados- solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que, en coadyuvancia con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, visitará las agencias de investigaciones previas y del ministerio público en el estado de Chihuahua para que revise el trato que se da a los ciudadanos que interponen una denuncia y el seguimiento que se le da a cada una de sus demandas.
El entonces diputado del PAN Carlos Armando Reyes López denunció la violación a los derechos constitucionales de Juan Blanco Zaldívar, otrora candidato del PAN a la diputación federal por el VI Distrito Electoral, quien fue detenido con lujo de violencia por el Poder Judicial en el estado de Chihuahua sin la presentación de una orden de aprehensión, según describió el diputado.
En el dictamen de la Primera Comisión del Congreso, recordó al gobierno de Chihuahua, que entonces encabezaba José Reyes Baeza, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la Organización de la Naciones Unidas en 1948, hace evidentes los derechos inherentes de los seres humanos y que la defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva que debe comprometer a todos; porque sólo generando una nueva cultura de legalidad y de respeto a los demás, podremos construir un México donde los derechos fundamentales valgan y se hagan valer .
Protección al crimen
El dictamen aprobado en junio del 2009 recuerda que la senadora panista Teresa Ortuño Gurza emitió declaraciones en el sentido de que en Chihuahua se protege al crimen organizado por acción o por omisión, lo que orilló al entonces gobernador Reyes Baeza a interponer una demanda por 100 millones de pesos bajo el argumento de que se le estaba causando un daño moral.
El 16 de diciembre pasado Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada, mientras protestaba a las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua por el asesinato de su hija ocurrido en el 2008.
jmonroy@eleconomista.com.mx