De soberanía del monarca a la del algoritmo

En estos días se habla mucho de soberanía. ¿Qué significa? ¿Qué está en juego? En términos clásicos, soberanía es la capacidad del pueblo para gobernarse autónomamente sin un poder externo superior. El autogobierno es posible porque se materializa en un acuerdo político plasmado en leyes e instituciones. De este modo, el individuo cede al Estado parte de su soberanía para obtener a cambio seguridad personal y patrimonial, orden y paz para prosperar. Ergo, la soberanía nunca es absoluta, siempre es relativa y ha cambiado a lo largo de la historia. Su raíz más antigua, en la parte del mundo que conoceos como Occidente, puede rastrearse en la teología. El relato bíblico dice que Dios creó al hombre libre, a su imagen y semejanza, y lo dejó a su libre albedrío. Esa noción de libertad individual fue el germen del que nace la soberanía.

La idea originaria de soberanía fue una apasionada polémica entre dos teólogos en el siglo IV: Pelagio y Agustín de Hipona. El primero sostuvo que el hombre, hijo de Dios, puede elegir hacer el bien y salvarse mediante sus obras. La tesis de Agustín de que el libre albedrío requiere de la gracia divina para hacer el bien y que los méritos son insuficientes para salvarse, se interpretó como la necesidad de un mediador de Dios entre la humanidad para lograr la salvación. Y el monarca encarnó esa facultad y gracia divina. Fue así como en la Edad Media el concepto de soberanía, adoptando las enseñanzas de Agustín, dio un giro radical: los monarcas proclamaron y reclamaron que eran los representantes de Dios en la Tierra. En consecuencia, tenían el derecho divino a gobernar soberana y plenamente sobre los hombres -que pasaron a ser súbditos- y, claro, de cualquier criatura. Su voluntad y palabra fueron la ley. Así se transformó en poder absoluto. El paso de la soberanía del individuo al rey se explica porque la libertad primigenia se interpretó que fue delegada a la figura del monarca, que encarnaba la voluntad divina y se situaba por encima del individuo y su comunidad.

A partir del siglo XI comenzó un proceso de transformación decisivo. La disputa entre el pontificado de Gregorio VII y el emperador Enrique IV, conocida como la Querella de las Investiduras, puso en juego quién tenía la autoridad para nombrar obispos y sacerdotes. Los monarcas reclamaban ese derecho porque someter a la jerarquía eclesiástica implicaba controlar también la legitimidad política. Gregorio VII sostuvo, tomando como base el Código de Justiniano, que sólo la Iglesia podía designar a sus ministros. Desafió al emperador y lo excomulgó. El episodio de Canossa en 1077, cuando Enrique IV se humilló ante el papa para recuperar su legitimidad, simbolizó que el poder del monarca no era absoluto. Con este hecho, la ley Justiniana adquirió autonomía: dejó de emanar de la palabra del rey. La Iglesia se consolidó como guardiana de la ley y marcó límites al poder real. Se inicia la transición hacia un orden en el que la ley se convierte en norma que regula las relaciones sociales y que obliga inclusive al soberano.

Ese proceso se profundizó en Europa. Dos sucesos marcaron el cambio que dio origen a la modernidad y al Estado de Derecho. La primera transformación fue la limitación del rey para disponer arbitrariamente del cuerpo y bienes de las personas. A esta gran salto se le conoció como La Ley de Habeas Corpus (1679), que limitó los encarcelamientos arbitrarios y la tortura, exigiendo que toda persona detenida fuera presentada ante un juez para evaluar la legalidad de su arresto y evitar prolongadas detenciones sin juicio. Fue el primer gran triunfo del Parlamento frente al absolutismo del rey Carlos II. Y alcanzó su punto culminante con la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688-1689. La deposición de Jacobo II y la llegada de Guillermo y María al trono marcaron el triunfo del Parlamento sobre la monarquía absoluta. La Bill of Rights de 1689 consagró derechos fundamentales, limitó el poder real y estableció que el soberano debía gobernar conforme a las leyes. La soberanía dejó de ser atributo personal del monarca y pasó a ser institucional, vinculada al Parlamento y a la supremacía de la ley.

La siguiente gran transformación ocurrió con las revoluciones americana y francesa. En Estados Unidos, la independencia se fundamentó en la idea de que el poder legítimo emana del consentimiento de los gobernados. En Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 proclamó que la soberanía reside esencialmente en la nación. El contrato social (Rousseau) y la división de poderes (Montesquieu), cuyo propósito fue evitar la tiranía, consolidaron la noción de soberanía popular: los gobernantes son representantes de la voluntad general, y la soberanía pasa de atributo personal e institucional limitado, a facultad colectiva.

En el siglo XX, la globalización transformó radicalmente este principio. La interdependencia económica y la integración de mercados hicieron que el Estado-nación perdiera el control sobre aspectos cruciales de su soberanía. Las cadenas productivas transnacionales, los organismos multilaterales y las convenciones legales globales redujeron la capacidad de los pueblos y las naciones para decidir autónomamente. La soberanía clásica, entendida como independencia absoluta, se debilitó frente a un mundo donde las decisiones económicas y políticas dependen de estructuras supranacionales. En consecuencia, la democracia también se degradó: las personas perdieron la capacidad para construir juntas su futuro y autogobernarse. La tensión entre globalización y democracia sigue sin resolverse. Y el malestar provocado porque las decisiones de la vida personal se toman en lugares distantes a donde se vive es la raíz del nuevo nacionalismo.

Dani Rodrik y Joseph Stiglitz han insistido en que la globalización es un proceso que puede y debe ser gobernado por los gobiernos nacionales. Rodrik ha subrayado que los Estados deben recuperar márgenes de maniobra para proteger a sus instituciones democráticas y sus políticas sociales para contrarrestar los excesos y los daños causados por los mercados globales. En su propuesta de un “trilema político” advierte que es imposible tener simultáneamente democracia, soberanía nacional y globalización económica plena: siempre hay que equilibrar o sacrificar a uno de esos elementos. Stiglitz ha argumentado que la globalización debe ser reformada para que funcione en beneficio de las mayorías, que hoy sólo favorece a las élites. Ha señalado que los mercados globales, sin regulación, generan desigualdad, erosionan la democracia y debilitan la soberanía de los Estados. Su propuesta apunta hacia un nuevo contrato social internacional que limite el poder de las corporaciones y que fortalezca la cooperación multilateral.

A este compleja problemática de la cada vez menor capacidad de autonomía de las personas y sus pueblos, la inteligencia artificial plantea un desafío adicional: el debilitamiento de la soberanía individual. Estudios recientes, como el publicado en Nature (2025) sobre el poder persuasivo de los diálogos entre humanos y la Inteligencia Artificial, muestran que las intenciones de voto de los electores pueden ser modificadas significativamente mediante interacciones algorítmicas. Esto implica que la libertad individual, núcleo primigenio de la soberanía, puede ser erosionada por sistemas capaces de influir directamente en la voluntad. Y lo más relevante, la IA hace innecesarias a las ideologías para persuadir. Mediante personalización y estímulos emocionales convence y manipula. De hecho, elimina la autonomía del ciudadano.

Las ideologías nacieron de los grandes relatos míticos que dieron sentido, dirección y orden a las sociedades. El relato bíblico judeocristiano en Occidente, por ejemplo, ofreció un marco simbólico trascendente para imaginar el futuro y superar la ansiedad de lo cotidiano. Estos relatos guiaron la colaboración humana y la consecución de ideales colectivos. Si desaparecen, se erosiona la capacidad de las sociedades de orientarse hacia fines comunes. La IA, al prescindir de ideologías, tiende a convertirse en una rama de la moral que normará la conciencia individual. Los modelos de lenguaje natural, en los que interactuamos con los algoritmos, establecen una relación con la máquina como si fuera un ente consciente. En esa interacción, delegamos a los algoritmos nuestra autonomía para tomar decisiones, confiados en su presunta sapiencia y mejor juicio. Simultáneamente, les entregamos información valiosa que las empresas tecnológicas monetizan al conocer nuestros gustos y anticiparse a nuestros deseos. De este modo, controlan nuestra conciencia y se enriquecen sin medida, arrebatando al individuo la libertad que es el núcleo de la soberanía.

Este recorrido por la historia de la soberanía parte de la libertad individual, otorgada por Dios, al poder absoluto del monarca. De la lucha entre el poder eclesiástico y terrenal deriva el límite a la soberanía del rey para erigir a la norma jurídica por encima de todos los poderes. Este proceso es la cuna de la soberanía parlamentaria y nacional. Con la globalización, la autonomía de los pueblos deviene en interdependencia que la debilita la soberanía popular y convierte a las grandes empresas transnacionales en soberanas. Finalmente, la revolución tecnológica, que es dominada por un puñado de plutócratas, implanta un modelo de inteligencia artificial que arrebata al individuo su independencia más íntima. Simultáneamente, erosiona a las ideologías que daban sentido a la vida colectiva. Este flujo refleja la tensión entre poder y libertad, entre autoridad y autonomía. Hoy, nos obliga a repensar la soberanía como principio político, jurídico y simbólico para salvaguardar a la humanidad.

En México se obvia esta historia. El gobierno se aferra a una soberanía inexistente. Ignora la globalización, como los acuerdos e integración de las cadenas productivas con Estados Unidos, y los peligros de la IA. Peleamos con molinos de viento y defendemos lo indefendible. Lejos estamos de la defensa de la autonomía humana frente a las máquinas. Rescatar la autonomía popular implica alianzas entre potencias medias para enfrentar el dominio sino-estadunidense, las potencias soberanas, que cada una intenta implantar su modelo de IA al resto de las naciones.