De los residuos al valor: la economía circular como motor del crecimiento sostenible

El uso de materiales en la economía mundial se ha triplicado en los últimos cincuenta años y continúa creciendo a un ritmo promedio superior al 2.3% anual, de acuerdo con el Panel Internacional de Recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esta tendencia no sólo ejerce una presión sin precedentes sobre los ecosistemas, sino que también incrementa los costos de producción, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la dependencia de recursos cada vez más escasos. En este contexto, avanzar hacia modelos de economía circular no es únicamente una decisión ambiental, sino una estrategia económica impostergable.

En México, hemos dado un paso decisivo hacia la transformación de nuestro modelo de desarrollo. Con la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular, el país inicia una transición que replantea la lógica extractiva y lineal del uso de los materiales, para avanzar hacia un esquema que privilegia la eficiencia, la revalorización de recursos y la reducción de desperdicios. Se trata de una ruta innovadora que enfrenta de manera estructural los límites del modelo tradicional basado en la extracción a bajo costo y la eliminación indiscriminada de residuos.

La economía circular representa un cambio profundo de paradigma. Implica reconocer que los residuos no son un pasivo inevitable, sino un activo económico potencial. Este nuevo encadenamiento productivo genera valor al recuperar materiales y energía que, bajo el modelo lineal, se pierden de manera definitiva. Más allá del reciclaje y la reutilización, la circularidad exige una visión sistémica: innovación en el diseño de productos, rediseño de procesos industriales y nuevas formas de organización de las cadenas de valor y suministro.

El potencial económico de esta transformación es significativo. En materia de empleo, la economía circular abre oportunidades relevantes para la creación de puestos de trabajo en sectores como la reparación, el reciclaje, el comercio de segunda mano y la gestión integral de residuos. Sin embargo, hoy más de la mitad de estos empleos a nivel global se desarrollan en condiciones de informalidad. La transición hacia la circularidad ofrece, por tanto, una oportunidad doble: generar empleo y elevar su calidad, promoviendo mayor formalización y mejores condiciones laborales.

La Ley General de Economía Circular no parte de una lógica impositiva. Por el contrario, establece un marco de planeación y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, el sector productivo y la sociedad civil. Su objetivo es incrementar la vida útil de los productos, mejorar la gestión de residuos y fomentar su revalorización como elementos centrales de la política ambiental y económica del país. Este enfoque brinda certidumbre regulatoria y permite avanzar de manera gradual, alineando incentivos y capacidades institucionales.

La corresponsabilidad es un eje central de este nuevo modelo. Las empresas están llamadas a incorporar esquemas de responsabilidad extendida del productor, así como prácticas de innovación y ecodiseño que reduzcan su impacto ambiental y optimicen el uso de materiales. Al mismo tiempo, los gobiernos deben fortalecer la infraestructura para el procesamiento de residuos, generar información confiable y garantizar la correcta implementación de los programas, con un papel especialmente relevante de las autoridades locales. Por su parte, la ciudadanía cumple un rol fundamental a través de la separación y correcta disposición de los residuos, condición indispensable para cerrar los ciclos de valor.

Somos conscientes de que los objetivos de la economía circular no se alcanzan de manera inmediata. Por ello, la nueva legislación incorpora el principio de gradualidad y prevé instrumentos económicos que facilitan la transición. La inversión será un componente clave: este marco normativo habilita mecanismos, certificaciones y condiciones que favorecen el acceso a mercados circulares, impulsando nuevas oportunidades de negocio y atracción de capital.

La regulación estaría incompleta si no atendiera uno de los problemas más urgentes del país: la gestión de la basura. Actualmente existen más de 2,250 sitios de disposición final, de los cuales alrededor del 90% operan como tiraderos a cielo abierto, con graves impactos en la salud, la seguridad y el bienestar de las comunidades. Por ello, la ley incorpora disposiciones transitorias para la reconversión progresiva de estos sitios, subrayando la importancia de una implementación eficaz y una operación adecuada de los lineamientos.

Con este impulso legislativo se abre una etapa clave: la elaboración del reglamento, la armonización normativa con las entidades federativas y la integración del Programa Nacional de Economía Circular. Para lograrlo será indispensable la colaboración entre todos los niveles de gobierno, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la educación ambiental.

La Ley General de Economía Circular marca un punto de inflexión. Nos coloca en la ruta correcta hacia un modelo de desarrollo más eficiente, competitivo y sostenible. Es una invitación a asumir responsabilidades compartidas y a construir, desde la economía y la política pública, un futuro que responda a las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

*La autora es Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.