El principal obstáculo para que los jóvenes accedan a vivienda es la falta de seguridad social

El precio de la vivienda en México ha crecido a un ritmo muy superior al de los salarios reales, lo que ha reducido significativamente la capacidad de compra de los hogares. La población menor de 30 años no es la excepción; ante este contexto, muchos han optado por alternativas de acceso a la vivienda, como la renta, frecuentemente compartida con otros en condiciones similares, o incluso han pospuesto la decisión de independizarse del hogar familiar.

No obstante, al analizar el número de créditos hipotecarios para adquisición otorgados durante 2025, se observa que el 28% se destinó a personas menores de 30 años, mientras que el 67.3% correspondió a personas entre 30 y 60 años y el resto a adultos mayores. Por su parte, el Infonavit otorgó el 35% de sus créditos a menores de 30 años, y la banca comercial destinó el 30.2% a personas menores de 35 años.

En términos de montos, el promedio de los créditos de la banca comercial para menores de 35 años asciende a 2.3 millones de pesos, apenas 200 mil pesos por debajo del promedio nacional de 2025, una diferencia que no resulta estadísticamente significativa. En el caso del Infonavit, el promedio para menores de 30 años es de 663 mil pesos, solo 20 mil pesos menos que el promedio nacional del instituto.

Estos datos sugieren que, en realidad, los jóvenes mantienen una participación relativamente equitativa respecto a otros grupos de edad, tanto en el Infonavit como en la banca comercial. Entonces, ¿por qué persiste la percepción de que los menores de 30 años no tienen acceso a la vivienda? La respuesta se encuentra en la estructura del mercado laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el 25.5% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025 tenía 30 años o menos, lo que equivale a 15.2 millones de personas. De ellas, 9.2 millones carecen de acceso a instituciones de seguridad social, lo que las excluye automáticamente de la oferta del Infonavit y dificulta su acceso al crédito hipotecario en la banca comercial, debido a la falta de comprobación formal de ingresos.

Para atender de manera efectiva el problema de acceso a la vivienda entre los jóvenes, el gobierno federal, a través de la Sedatu y en coordinación con instituciones financieras, debería diseñar un esquema de financiamiento habitacional dirigido a quienes no cuentan con seguridad social. Este esquema debería incorporar mecanismos alternativos de evaluación de ingresos, como modelos de crédito flexibles que consideren historiales de pago (renta, servicios o plataformas digitales), en lugar de depender exclusivamente de comprobantes formales.

Asimismo, podrían implementarse esquemas de ahorro previo con incentivos públicos, en los que el Estado complemente el ahorro de los jóvenes para facilitar el pago del enganche. También sería pertinente aprovechar los programas de garantías existentes para reducir el riesgo percibido por la banca comercial al otorgar créditos a personas sin historial crediticio tradicional, así como promover esquemas de renta con opción a compra, especialmente diseñados para quienes ya participan en el mercado de alquiler.

En síntesis, la política pública debe transitar a un cambio estructural atendiendo la informalidad laboral como la principal barrera para el acceso efectivo a la vivienda.

*La autora es economista senior de BBVA México.