SpaceX es la nueva Compañía Británica de las Indias Orientales

CAMBRIDGE—Cuando SpaceX cotice una fracción de sus acciones en el Nasdaq a finales de esta semana, con una valoración estimada de alrededor de 1.75 billones de dólares, será la mayor oferta pública inicial de la historia. Se les pide a los inversores que valoren una empresa que construye cohetes, gestiona la red de internet por satélite dominante del mundo y, cada vez más, financia las comunicaciones militares de Estados Unidos y sus aliados (aunque estos negocios exitosos deben sopesarse frente a la costosa iniciativa de inteligencia artificial que Elon Musk ha integrado en la misma estructura corporativa).

El folleto informativo de SpaceX narra una historia ambiciosa y singular: se trata de una empresa tecnológica de alto crecimiento que merece estar a la altura de las compañías más grandes y poderosas del mundo. Sin embargo, la historia sugiere una trayectoria diferente, menos alentadora, porque la empresa a la que más se asemeja SpaceX no es Apple ni Nvidia, sino la Compañía Británica de las Indias Orientales, que existió durante casi 300 años.

Desde luego, SpaceX no pretende gravar a la población ni gobernar a seres humanos, como hicieron las compañías fundadas a principios de la era moderna. El espacio no tiene habitantes (que sepamos). Aun así, nos encontramos ante una empresa que opera fuera del alcance de cualquier soberanía y que ya ha acumulado un poder inmenso que los gobiernos luchan tardíamente por recuperar.

Entre 1570 y 1860 aproximadamente, los estados europeos proyectaron su poder hacia y a través de océanos sin gobierno mediante compañías por acciones constituidas como sociedades anónimas, entre las que destacan la Compañía Británica, la Holandesa y la Francesa de las Indias Orientales.

Las compañías fletadas eran entidades híbridas, empresas comerciales que también servían como instrumentos del Estado. Crearon monopolios, aprovecharon la ausencia de leyes para dictar sus propias normas y desempeñaron funciones soberanas: desde acuñar moneda y controlar a las poblaciones locales hasta librar guerras y firmar tratados. Edmund Burke describió a la Compañía Británica de las Indias Orientales como “un Estado disfrazado de comerciante”, y esa misma configuración se está recreando ahora en la órbita terrestre.

En primer lugar, consideremos la cuestión del monopolio. Al aterrizar y reutilizar sus cohetes propulsores, SpaceX resolvió un dilema del huevo y la gallina. Dado que la reutilización solo es rentable con una alta frecuencia de lanzamientos, la compañía construyó Starlink, una constelación de miles de satélites cuyo crecimiento y mantenimiento garantizan un ritmo constante de lanzamientos. Los competidores que no poseen ni los cohetes ni la demanda cautiva de conectividad satelital no pueden entrar fácilmente en el mercado.

Como documentamos en un nuevo artículo, la participación de SpaceX en la masa global lanzada a órbita ha aumentado de menos del 10% en 2014 a casi el 80% en la actualidad, y al 94% en Estados Unidos, donde la NASA se encuentra entre sus principales clientes. En este proceso, SpaceX ha acaparado valiosos espacios orbitales y espectro radioeléctrico, elevando las barreras de entrada para futuros competidores. Esto no es el oligopolio típico de los mercados tecnológicos convencionales. Se asemeja a algo más antiguo.

Luego está el vacío legal. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 fue redactado para un mundo en el que los gobiernos tenían el monopolio del espacio. En él se establece que “el espacio ultraterrestre no está sujeto a apropiación nacional por reivindicación de soberanía, por medio de uso u ocupación, ni por ningún otro medio”, y se reserva espacio “para beneficio de toda la humanidad”; sin embargo, no prevé ningún mecanismo para su cumplimiento.

Fue en este enorme vacío que Estados Unidos introdujo la Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales en 2015 y los Acuerdos de Artemis en 2020, que afirman que la extracción de recursos no constituye una apropiación indebida. Ese era precisamente el cambio que SpaceX necesitaba. De igual modo, hace tres siglos, la constitución de una empresa era a la vez una licencia para comerciar y una reivindicación unilateral disfrazada de ley. En ambos casos, los pioneros dictaron sus propias reglas.

Otro paralelismo reside en la difuminación de los límites entre soberanía y privacidad. Recordemos que, en 2022, Musk se negó a activar Starlink sobre Crimea para permitir un ataque ucraniano contra la flota rusa. Un particular vetó, de hecho, la decisión de un Estado soberano, y ni siquiera el gobierno estadounidense pudo revocarla fácilmente. A medida que la actividad se traslada a la Luna, SpaceX estará en posición de ejercer una influencia significativa en el establecimiento de estándares, la gestión de las reclamaciones de recursos y la vigilancia de las “zonas de seguridad” que los Acuerdos de Artemis permiten declarar a los Estados. Por lo tanto, una empresa privada podría ofrecer respuestas a cuestiones fundamentalmente soberanas.

Así como Gran Bretaña otorgó a la Compañía Británica de las Indias Orientales su carta constitutiva para impedir que los holandeses monopolizaran el comercio de especias, Estados Unidos ha fortalecido a SpaceX en su carrera por alcanzar el dominio estratégico en el espacio antes que China. Sin embargo, cuanto más indispensable se vuelve la empresa, menor autoridad conserva el Estado. Esta fragilidad quedó patente el año pasado cuando el presidente Donald Trump y Musk protagonizaron una disputa pública. Trump amenazó con cancelar los contratos gubernamentales de SpaceX, y Musk amenazó con cortar el acceso del gobierno estadounidense a la Estación Espacial Internacional. Una potencia nominalmente soberana se encontró dependiendo de un actor al que podía congraciarse, pero no controlar.

La lección de la época de las compañías con carta real es que, una vez consolidado ese poder, resulta increíblemente difícil recuperarlo. Gran Bretaña solo puso freno seriamente a la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1858, después de que una hambruna, una crisis fiscal y una violenta revuelta (lo que los británicos llaman el “Gran Motín” y los indios la “Primera Guerra de Independencia”) hicieran imposible la inacción. Sin embargo, para entonces, el coste de hacerlo era ruinoso.

La misma historia también sugiere lo que los gobiernos deberían hacer ahora, antes de que sea demasiado tarde. El objetivo de restablecer el control no es destruir a un líder, sino limitar la dependencia del Estado respecto a él. Los pares continentales de la Compañía Británica de las Indias Orientales son un mejor ejemplo en este sentido. Las coronas portuguesa y francesa poseían participaciones en sus respectivas compañías fletadas, asegurando así cierto control estratégico desde dentro. Un puesto en el consejo de administración designado por el gobierno en empresas que ejercen poderes casi soberanos, o una participación minoritaria como la que Estados Unidos adquirió recientemente en Intel, garantizaría la supervisión de las zonas de seguridad, las reclamaciones de recursos y la infraestructura crítica sin sofocar los incentivos privados que dinamizan el sector.

La oportunidad de controlar el comportamiento de las potencias tecnológicas emergentes actuales se está agotando rápidamente. La pregunta para los responsables políticos es si comprender en qué se convirtió la Compañía Británica de las Indias Orientales basta para evitar que su sucesora del siglo XXI siga el mismo camino. La salida a bolsa de SpaceX es un buen momento para plantearse esta cuestión.

El autor

Alessio Terzi es profesor asistente en la Escuela Bennett de Políticas Públicas de la Universidad de Cambridge y profesor adjunto de Economía en Sciences Po.

El autor

Stefano Marcuzzi es profesor asistente de Historia de las Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Superiores de Defensa (CASD).

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