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Cuando el Estado no funciona, la competitividad tampoco
Fernanda García | Columna Invitada
Cuando hablamos de competitividad solemos pensar en grandes proyectos de infraestructura, inversiones multimillonarias o innovación tecnológica. Sin embargo, pocas veces reconocemos que la competitividad también se construye desde aspectos más cotidianos. Por ejemplo, que haya agua cuando se abre la llave, que las calles permitan trasladarse sin contratiempos, que los trámites funcionen y que las instituciones inspiren confianza.
Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI muestran que la satisfacción ciudadana con los servicios públicos continúa siendo limitada, la confianza en varias instituciones permanece baja y la percepción de corrupción está estancada en un nivel alto frente a la última edición. Realidad que no es ajena a la actividad económica del país.
La calidad de los servicios públicos es una de las expresiones más visibles de la capacidad del Estado. Cuando funcionan adecuadamente generan condiciones para que las personas participen en el mercado laboral y las empresas desarrollen proyectos, lo que puede impactar en una mejora de productividad. Cuando fallan, aumentan la incertidumbre, la pérdida de tiempo y los gastos que terminan absorbiendo hogares y negocios. Por ejemplo, cuántas empresas deben cubrir servicios privados de seguridad de alto costo ante la falta de acción de las autoridades.
En general, menos de la mitad de la población mexicana está conforme con la provisión de los servicios públicos en su localidad. En concreto, 51% de las personas está satisfecha con el suministro de agua, proporción que disminuye a 33% en Oaxaca y 20% en Guerrero. Por otro lado, 24% de la ciudadanía está satisfecha con las calles y avenidas. En el caso de la policía, la satisfacción promedio en el país alcanza 28%.
Estas deficiencias, además de afectar la calidad de vida de las personas, condicionan la capacidad de una entidad para atraer nuevas inversiones y desarrollar actividades productivas. Las empresas toman decisiones considerando infraestructura o disponibilidad de talento. Pero también observan si una ciudad es habitable, si los servicios son confiables y si las reglas se aplican de manera predecible.
La confianza institucional es un activo intangible, pero con un impacto similar. Una sociedad que confía en sus instituciones tiene más facilidad para cooperar, cumplir reglas y resolver conflictos. Cuando las instituciones son confiables, las inversiones enfrentan menos incertidumbre y los proyectos de largo plazo tienen mayores probabilidades de prosperar.
Entre 2023 y 2025, la confianza entre la ciudadanía disminuyó en todas las instituciones evaluadas. Las universidades públicas (76%) y las escuelas públicas de educación básica (75%) son las que generan mayor confianza. En contraste, 34% de la población confía en las fiscalías estatales, 30% en las cámaras legislativas y 24% en los partidos políticos. Para las empresas, la desconfianza institucional funciona como un impuesto, ya que aumentan tiempos, elevan riesgos, desincentivan la formalidad y reducen la certidumbre jurídica.
La competitividad de México requiere instituciones que funcionen. Discusión que es especialmente relevante para los estados. En un contexto donde las entidades compiten por atraer empresas, talento y oportunidades, las diferencias en capacidad institucional pueden marcar la diferencia.
La competitividad, en toda su dimensión, también implica construir gobiernos capaces de ofrecer servicios públicos de calidad, responder a las necesidades ciudadanas y generar certidumbre. Recolectar la basura, mejorar el alumbrado, mantener calles en buen estado, proveer transporte público, garantizar la seguridad, contar con parques públicos, simplificar trámites y fortalecer el Estado de derecho no son objetivos aislados de política pública, son factores clave para el crecimiento económico.