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No se descarriló, se movió el presupuesto
Enrique Campos Suárez | La gran depresión
El régimen se esconde tras los eufemismos que van de la retórica populista a la disonancia cognitiva. Los ejemplos son tantos que ya dan para la conformación de un diccionario de “cuatroteísmos del lenguaje”, y el más reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum ya se ganó un lugar en sus páginas. El Tren Interoceánico nuevamente se descarriló, solo que ante los ojos del poder “no se descarriló, se movió”.
El nuevo accidente en la zona del Istmo de Tehuantepec es la metáfora perfecta de la herencia que asfixia a este gobierno: hay que minimizar, hay que controlar el daño político y hay que gastar. Esta administración, más que la continuidad, es rehén financiera y política de los excesos presupuestales de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum carece de margen político y fiscal para deslindarse de ese tropiezo histórico que fue el sexenio de López Obrador, y esa lealtad obligada le cuesta al país su futuro económico.
El mito de la continuidad sin costos está plasmado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año y en los Precriterios de Política Económica para el 2027. Para corregir el monumental déficit fiscal heredado –que rozó 6% del PIB–, Hacienda se ha visto obligada a una dolorosa corrección fiscal del gasto programable a niveles de apenas 16% del PIB, lo que evidentemente pulveriza la inversión física productiva que quisiera realizar este gobierno y la reduce a un raquítico 3% del PIB.
Mientras el gasto en infraestructura se congela, los recursos públicos se evaporan en mantener con respiración artificial las megaobras del sexenio pasado. El Tren Maya no solo se devora la selva, sino más de 30,000 millones de pesos anuales, porque opera con un subsidio de 96% ante la falta de pasajeros. El Tren Interoceánico no solo “se mueve”, se descarrila y mata personas, sino que requiere de más de 25,000 millones de pesos para parchar su operación.
El gran agujero negro para la economía mexicana es el sector energético. Pemex se engulle más de 517,000 millones de pesos del presupuesto para, entre otras cosas, mantener la sangría de la ineficiente refinería de Dos Bocas, mientras que el AIFA sobrevive gracias a los subsidios cruzados y opacos de las transferencias a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A todo esto, se suma un pasivo silencioso y letal: el costo financiero de la deuda. El pago de los intereses del descomunal endeudamiento que le heredó López Obrador a Sheinbaum es una enorme losa que limita cualquier intento de lanzar proyectos propios, e incluso rentables, del actual gobierno.
No hay recursos para hospitales, escuelas, carreteras o puertos competitivos; lo que hay es una obligación de mantener las obras insignia del obradorismo y pagar intereses muy pesados que descarrilan –perdón, que “mueven”– los planes que tenga la presente administración.
El irónicamente llamado “segundo piso de la transformación” no es realmente una obra de infraestructura propia o la ampliación de buenas construcciones productivas; es un costoso andamio de mantenimiento destinado a apuntalar un edificio con severas fallas estructurales. Mientras la Presidenta no pueda, o no quiera, deslindarse del lastre financiero de su antecesor, México seguirá detenido y pagando con el poco dinero disponible los caprichos de aquel que tanto daño nos hizo como país.
Hacienda se ha visto obligada a una dolorosa corrección fiscal del gasto programable a niveles de apenas 16% del PIB, lo que evidentemente pulveriza la inversión física productiva que quisiera realizar este gobierno y la reduce a un raquítico 3% del PIB.