La democracia venezolana necesita acción, no palabras baratas

CAMBRIDGE – El presidente estadounidense Donald Trump ha sido notablemente franco sobre sus planes para Venezuela. En una entrevista con Fox News, prometió reconstruir la infraestructura petrolera del país, añadiendo que Estados Unidos estaría “a cargo” y que espera que las compañías petroleras inviertan al menos 100,000 millones de dólares. También explicó su enfoque: reconstrucción primero, elecciones en una fecha futura no especificada.

Al preguntarle cuándo podrían los venezolanos votar por un nuevo liderazgo, Trump descartó la premisa por completo. “No podrían tener elecciones”, insistió. “Ni siquiera sabrían cómo tener elecciones ahora mismo”.

Olvídense de la aplastante victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales fraudulentas del 2024 y de que las encuestas recientes muestren un amplio apoyo a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La implicación no era solo que las elecciones debían esperar, sino que los venezolanos eran incapaces de autogobernarse hasta que una potencia extranjera hubiera “reconstruido” el país.

Otros miembros de la administración se han hecho eco de las declaraciones de Trump. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha ridiculizado el “marco neoliberal” de exigir elecciones inmediatas, abogando por un “proceso de transición juicioso, reflexivo y cuidadoso”. El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, ha esbozado un plan de tres etapas: “estabilización”, seguida de “recuperación económica y reconciliación”, y solo entonces una “transición” democrática. Laura Dogu, enviada de Trump a Venezuela, también ha descrito una etapa final que culminará en “una Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática”. En este marco, la democracia no es la fuente de legitimidad política; es, en cambio, el último objetivo, y el menos importante.

Para los venezolanos, tanto en Venezuela como en el extranjero, la retórica de Trump es profundamente inquietante. Sugiere que la democracia es solo una fachada para controlar la riqueza petrolera de Venezuela. La “estabilización” y la “recuperación” no tienen una meta clara; pueden prolongarse indefinidamente. Y si las elecciones se posponen perpetuamente, es posible que nunca se celebren.

Este es un problema clásico de señalización. En economía, los compromisos se vuelven creíbles cuando implican costos que solo un actor sincero estaría dispuesto a asumir. Una transición que prioriza el petróleo y las elecciones en último lugar no impone tales costos. Es fácil de anunciar y aún más fácil de prolongar.

Además, la demora no es neutral. Da tiempo a los gobernantes para consolidar el poder, reescribir las reglas, intimidar a los oponentes y normalizar la idea de que la democracia es un privilegio que se concederá más adelante, una vez que las autoridades decidan que el país está “listo”. Mientras tanto, la dictadura conserva su poder y se enriquece aún más.

Irónicamente, la misma lógica se aplica a la propia industria petrolera. La inversión petrolera no es ayuda humanitaria. Es un contrato a largo plazo. Las empresas comprometen capital a cambio de décadas de rentabilidad esperada, basada en la estabilidad y la continuidad institucional. Estados Unidos no puede buscar de forma plausible 100,000 millones de dólares en inversión privada mientras da señales de que la legitimidad política es negociable. Sin instituciones creíbles, Venezuela es, como lo expresó el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, “ininvertible”.

Si Estados Unidos se tomara en serio la futura democracia venezolana, no estaría anunciando compromisos vagos. En cambio, actuaría ahora para solucionar lo que debe solucionarse, y hay muchos. Hacerlo sería una señal creíble de verdaderas intenciones democráticas. No actuar para abordar estos problemas sugiere falta de compromiso con la democracia y el Estado de derecho.

¿Qué necesita arreglar? El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que ha estado bajo el control del régimen durante mucho tiempo y presidió las elecciones fraudulentas de 2024, es el punto de partida obvio. Restaurar la credibilidad requiere nombrar un nuevo Consejo mediante un proceso transparente que involucre a juristas y a la sociedad civil, garantice la participación de todas las principales fuerzas políticas y establezca sólidas salvaguardias contra la manipulación partidista. Nombrar árbitros que el titular no pueda controlar envía una señal clara de que el juego no será amañado.

Otro paso sería reabrir y actualizar el registro electoral. En 2024, requisitos ilegales impidieron que millones de personas votaran, los venezolanos en el extranjero se vieron privados de sus derechos y muchos jóvenes no pudieron registrarse. Se debería establecer un período de registro corto —digamos, cuatro meses—, acompañado de una expansión de los sitios de registro consular, acceso seguro en línea y monitoreo internacional. Si los ocho millones de venezolanos en el extranjero y los tres millones de votantes elegibles —en su mayoría jóvenes— que no pudieron registrarse no pueden participar, se cuestionará la legitimidad del proceso, así como la de cualquier decisión económica importante que se tome en nombre de la “reconstrucción”.

También es necesario restaurar el pluralismo político. Bajo el chavismo, los tribunales y los organismos reguladores han vaciado a los partidos de oposición al destituir a sus líderes electos e instalar a representantes del régimen. Restablecer la igualdad de condiciones implica restituir a los líderes legítimos de los partidos, levantar la prohibición de movimientos, garantizar la igualdad de acceso a los medios de comunicación y prohibir el uso de recursos públicos para campañas políticas.

El pluralismo presupone el fin de la persecución política. Cientos de presos políticos permanecen en prisión y muchos exiliados no pueden regresar sanos y salvos. Las amnistías formales no son señales creíbles. Los presos deben ser liberados, y los líderes de la oposición exiliados, incluyendo a Machado, deben contar con garantías de seguridad efectivas para que puedan regresar, viajar y hacer campaña sin temor a ser arrestados ni a sufrir violencia. Las leyes totalitarias que criminalizan la actividad política legítima deben ser derogadas. Una auténtica transición democrática requiere proteger la disidencia.

Es necesario anunciar ahora la fecha de las elecciones para establecer un cronograma claro de reformas y consolidar las expectativas de la sociedad. Las elecciones requieren reglas y seguridad, no una economía perfecta. Los venezolanos han demostrado repetidamente su capacidad para movilizarse políticamente en medio de las dificultades; lo que ha faltado es un presidente dispuesto a reconocer su derrota. Este año deben celebrarse elecciones nacionales bajo observación internacional independiente, con el recuento completo de votos publicado de inmediato y un mecanismo preacordado para la resolución de disputas.

Finalmente, las ganancias petroleras no deben sustituir la democracia. Los ingresos provenientes de los recursos deben depositarse en garantía en nombre del pueblo venezolano, y su desembolso debe estar condicionado al cumplimiento de estos parámetros democráticos. Utilizar esos fondos para promover la reforma institucional ayudaría a contrarrestar las afirmaciones de que el plan de Trump equivale a tomar el petróleo venezolano a punta de pistola .

La credibilidad importa tanto en política como en los mercados financieros. Si Estados Unidos quiere que Venezuela sea un socio confiable y un país en el que los inversores puedan confiar, la democracia debe ser el principio rector de su política. Esto implica establecer las garantías legales e institucionales que garanticen unas elecciones libres, justas y competitivas. Cualquier otra cosa se considerará, con razón, como palabrería barata.

El autor

Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor de la Harvard Kennedy School y director del Harvard Growth Lab.

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