La Cultura de la Paz, Mediación y Acceso a la Justicia

“Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia.” Jean de la Bruyere

El domingo 1º de junio avanzó la ejecución de las amenazas del oficialismo, se llevaron a cabo las elecciones judiciales federales en todo el país y locales en 19 entidades federativas.

La liquidación de poderes judiciales, mediante el proceso electoral marcado desde su origen -sin el menor pudor- por el mayor de los desaseos e irregularidades, se le delegó a la ciudadanía. Aunque según el INE la votación osciló en el 12%, debe aclarase que ese dato corresponde al porcentaje de electores que acudieron a las casillas y que se estima que sólo votó el 9%, orientados con acordeones. Votar o no votar no fue importante para definir los resultados que ya había determinado el oficialismo.

En el mundo se estima que México se sumó, con esta operación, al club de las democracias en retroceso.

Finalmente surgen una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuevos magistrados y jueces federales y en las 19 entidades en las que se votó, nuevos magistrados y jueces locales.

Como efecto de la incertidumbre ocasionada a juzgadores que serán cesados por la reforma judicial, la impartición de justicia quedó pasmada desde hace varios meses. A partir del próximo mes de septiembre, con los relevos de ministros, magistrados y jueces, irremediablemente se presentarán mayores tiempos de atención, respuesta y resolución de casos, al verse reducida la capacidad, oportunidad y eficiencia en la impartición de justicia, como resultado del desconocimiento de muchos de los nuevos juzgadores, tanto a nivel federal como local.

Se requerirán sendas fases de adaptación y aprendizaje en perjuicio directo de los particulares. Adicionalmente, es altamente probable que personal especializado con carrera judicial, como secretarios de cuenta, secretarios de juzgado y secretarios actuarios, entre otros, sean destituidos de sus cargos y reemplazados por personas ajenas a los poderes judiciales, seguramente sin experiencia.

Todo ello hace que se incumpla el principio constitucional de "justicia pronta y expedita" ya que no será posible que a toda persona se le administre justicia de manera rápida, eficiente y sin obstáculos.

Nos encontramos ante el riesgo de colapso del servicio público de administración de justicia, esencial en todo país democrático. Para evitarlo resulta indispensable que se aprovechen la mediación y los otros mecanismos de solución de controversias, que significan una vía eficaz de acceso a la justicia y que se caracterizan por asegurar agilidad, eficiencia y certeza jurídica en muy corto plazo.

Como se sabe, la justicia tiene dos ramas: la justicia heterocompositiva o adversarial, a cargo de ministros magistrados, jueces y árbitros, y la justicia autocompositiva o consensuada, a cargo de las personas involucradas en un conflicto o controversia que, para gestionarla, resolverla o prevenirla cuentan con el apoyo de profesionales calificados, principalmente mediadores.

El acceso a la justicia puede y debe fortalecerse con la consolidación de la mediación y de los demás mecanismos alternativos de solución de controversias y así evitar el colapso en ponencias, tribunales y juzgados, además de hacer posible la cultura de la paz.

Para ello resulta indispensable revisar y reformar la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y corregir los defectos de los que adolece. Así mismo conviene modificar el artículo 17 constitucional para que, como requisito previo a un juicio, las partes en conflicto participen en una sesión de premediación o en una sesión informativa respecto de los otros mecanismos alternativos de solución de controversias, tomando como modelo lo previsto en el apartado A del artículo 123 constitucional, que obliga a trabajadores y patrones a asistir a la instancia conciliatoria correspondiente antes de acudir al tribunal laboral.

De esa forma se ensanchará la vía de acceso a la justicia con la mediación y se contribuirá a racionalizar el uso de los servicios de administración de justicia, que tanta falta hace.

La mediación es una herramienta revolucionaria de acceso a la justicia, pues implica abrir la puerta a soluciones creativas que se ajustan a las necesidades de sus protagonistas y no siempre a las preferencias de la cultura dominante o de los poderosos en turno. Sobre todo, porque las soluciones las definen y adoptan voluntariamente las partes conflictuadas, no un tercero.

Una muy importante diferencia con la administración de justicia es que la mediación es un instrumento idóneo para gestionar y prevenir los conflictos o controversias originados en la divergencia de intereses y es ajena a la cultura procesalista.

Recordemos que la administración de justicia obliga y que el Estado impone pero con la mediación se construyen acuerdos voluntarios.

Los nuevos problemas a los que nos enfrentamos y enfrentaremos, algunos derivados de la desconfianza de inversionistas nacionales y extranjeros propiciada por las recientes reformas constitucionales, difícilmente podrán ser resueltos por los poderes judiciales, sujetos a una reconfiguración que tomará varios años en implantarse y en consolidarse.

Vivimos en una sociedad nacional y en una comunidad internacional en la que los conflictos no son una excepción, forman parte de la normalidad y la mediación es una excelente opción para prevenirlos, gestionarlos y superarlos cuando es confiable, eficaz, oportuna, expedita y transparente, pues ayuda a superar problemas que se podrían traducir en una mayor desconfianza, tensión social y aún en más violencia.

Un punto clave para entender el valor revolucionario de la mediación es que elimina todo tipo de violencia como opción.

Estamos obligados a evitar el colapso de ponencias, tribunales y juzgados, por ello se insiste en el fortalecimiento y mayor aprovechamiento de la mediación y los demás mecanismos alternativos de solución de controversias, para ensanchar las vías de acceso a la justicia.

Apostemos por la cultura del diálogo, consenso y acuerdo en las relaciones en todos los ámbitos de interacción social y hagamos posible la cultura de la paz.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

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