Colombia, México y la definición de banda ancha

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia publicó en mayo de 2026 una propuesta para actualizar la definición regulatoria de banda ancha fija, elevando el parámetro vigente de 25 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga a 300 Mbps de descarga y 150 Mbps de carga. La iniciativa constituye un caso relevante de revisión regulatoria en un contexto en el que las velocidades de acceso y las demandas de conectividad han evolucionado significativamente en la última década.

La situación mexicana en materia de banda ancha cobra especial interés al observarla desde esta perspectiva comparativa. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), creada tras la reforma constitucional que reestructuró el marco institucional del sector, mantiene actualmente la definición de banda ancha establecida por el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a finales de 2021.

Según el extinto IFT, se consideran como parámetros 25 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga para el nivel básico de banda ancha fija y 50 Mbps de descarga y 10 Mbps de carga para el nivel avanzado. Mientras que, para banda ancha móvil, son 4 Mbps de descarga y 1 Mbps de carga; para banda ancha básica y para banda ancha avanzada, 10 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga.

La diferencia entre banda ancha básica y avanzada es sencilla; su explicación devela una finalidad puramente publicitaria. La banda ancha básica es la velocidad mínima aceptada para que una conexión a Internet pueda denominarse banda ancha. La banda ancha avanzada permite utilizar esta distinción para quienes ofrecen, como mínimo, esas velocidades. No hay requisitos legales distintos entre la banda ancha sencilla y la avanzada.

No obstante, es importante resaltar que estos parámetros del 2021 son los mismos que Colombia considera insuficientes para reflejar la realidad tecnológica y de mercado. Mientras en México continúan vigentes sin que exista un proceso público de revisión equivalente, Colombia ha iniciado formalmente la actualización de su umbral regulatorio mediante una metodología documentada, una consulta pública y un calendario definido, México mantiene una referencia que no ha sido objeto de revisión reciente.

Lo que ha hecho la CRT es impulsar diversas iniciativas orientadas a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios y facilitar el despliegue de nuevas tecnologías, en particular en materia de espectro radioeléctrico y de expansión de redes móviles de nueva generación. Sin embargo, estas acciones no sustituyen la necesidad de contar con una definición actualizada de banda ancha que sirva de referencia común para toda la política pública digital.

La necesidad de revisión se vuelve más evidente al observar el comportamiento del mercado. Según Ookla, a marzo de 2026, México contaba con una velocidad media de descarga de 104.3 Mbps. México se ubica en una posición intermedia en las comparaciones internacionales. En las principales zonas urbanas, los operadores suelen ofrecer planes comerciales de 200 Mbps, 500 Mbps e incluso de 1 Gbps. En este contexto, mantener como referencia regulatoria 25 Mbps implica una creciente desconexión entre la norma y las condiciones reales del mercado.

Esta divergencia no constituye únicamente una cuestión estadística. Las definiciones regulatorias cumplen funciones esenciales como referencia para programas de subsidio, obligaciones de cobertura, medición de brechas digitales y expectativas de los usuarios. Cuando el estándar oficial deja de reflejar las condiciones reales de acceso, su utilidad como instrumento de política pública se debilita.

Asimismo, el Programa de Cobertura Social 2026 identifica 9,364 localidades prioritarias sin cobertura, distribuidas en 1,043 municipios, con una fuerte concentración en el sur y el sureste del país. Además, el Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 estima que 2,85 millones de habitantes permanecerán sin cobertura en 2026, lo que equivale al 34% de la población estimada sin cobertura en las áreas de atención prioritaria.

Los indicadores de adopción muestran avances importantes. Entre 2018 y 2024, el porcentaje de usuarios de internet en zonas rurales aumentó de 41% a 68.5%, mientras que en áreas urbanas pasó de 73.1% a 86.9% según cifras de la  Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2024). Aunque la brecha se ha reducido, el ritmo de convergencia sigue siendo limitado. Claro que estas estadísticas no capturan las diferencias en la calidad y la velocidad de acceso entre territorios.

Por esta misma razón, la definición de banda ancha cobra especial importancia. Un usuario puede contabilizarse como conectado y, sin embargo, disponer de velocidades insuficientes para aplicaciones cada vez más esenciales, como el teletrabajo, la educación en línea, los servicios de salud digitales o el acceso a contenidos audiovisuales de alta calidad. Sin parámetros actualizados, la medición de la conectividad corre el riesgo de sobreestimar el grado de inclusión digital efectiva.

Es de conocimiento general que la disponibilidad de infraestructura no siempre garantiza un acceso efectivo a los servicios de conectividad. La existencia de cobertura técnica y la disponibilidad comercial del servicio pueden evolucionar a ritmos distintos, lo que genera brechas entre la infraestructura desplegada y la experiencia real de los usuarios. Una definición de banda ancha actualizada y vinculada a criterios de desempeño verificables puede contribuir a reducir estas diferencias y a mejorar la focalización de los programas públicos.

La experiencia internacional muestra que la actualización de los parámetros de velocidad suele revelar déficits previamente invisibles. En Estados Unidos, la modificación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del estándar federal de banda ancha de 25/3 Mbps a 100/20 Mbps amplió significativamente la brecha digital estimada en el ámbito rural y sirvió de base para nuevas inversiones públicas. En Colombia, la propuesta de elevar el umbral a 300/150 Mbps tendrá previsiblemente un efecto similar en la medición de las disparidades territoriales, pero lo hará mediante un proceso explícito y metodológicamente sustentado.

Desde esta perspectiva, el contraste más relevante entre ambos países no reside necesariamente en la velocidad propuesta, sino en el proceso regulatorio adoptado. La CRC desarrolló un diagnóstico basado en información reciente del mercado, evaluó múltiples alternativas regulatorias según criterios técnicos, publicó documentos de soporte detallados y abrió un proceso formal de consulta pública. Actualmente, en México no existe un procedimiento equivalente orientado a revisar la definición vigente.

Esto no implica la ausencia de objetivos de conectividad. El Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 establece como meta alcanzar una cobertura poblacional del 98% con servicios de banda ancha fija o móvil de calidad para 2030. Sin embargo, la efectividad de cualquier meta depende de la claridad de los parámetros utilizados para medirla. Sin una definición actualizada de qué constituye una conexión de calidad, la evaluación del progreso y el cumplimiento de los objetivos se vuelve más compleja.

La principal lección que ofrece el caso colombiano no radica en la conveniencia de adoptar un umbral específico ni en replicar una metodología determinada. La enseñanza más relevante es que la definición de banda ancha constituye un instrumento central de política pública que requiere actualizaciones periódicas para mantener su capacidad de orientar las decisiones regulatorias, las asignaciones presupuestarias y los mecanismos de rendición de cuentas.

El valor de una definición regulatoria no es simbólico. Funciona como referencia para consumidores, operadores, programas de subsidio, estrategias de cobertura y evaluaciones de desempeño. Cuando ese parámetro permanece inalterado durante largos períodos mientras las condiciones tecnológicas y comerciales evolucionan a un ritmo acelerado, su capacidad para describir la realidad disminuye. En consecuencia, la actualización de la definición de banda ancha deja de ser un ejercicio técnico aislado y se convierte en una condición necesaria para que la política pública pueda medir, comprender y atender con precisión los desafíos de la transformación digital.