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Opinión

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Vecinos incómodos

Unas por otras. El martes 29 de abril era el penúltimo día de trabajo del periodo ordinario de sesiones en la ALDF y en la orden del día fueron enlistados sendos dictámenes para modificar los programas parciales de desarrollo urbano; dos correspondientes a la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel ampliación Oriente, en la delegación Coyoacán, y uno más, en Lomas de Chapultepec, en Miguel Hidalgo.

Estaban calificados como prioritarios en la agenda legislativa. Así lo había hecho sentir el diputado Alberto Cinta, representante del PVEM en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, al presidente de esa instancia, el perredista Carlos Hernández Mirón. Y en el mismo sentido, el líder pevemista Jesús Sesma, había hipotecado el voto de su bancada a cambio del trámite promovido por el PRI.

Las de Coyoacán involucran a un predio que la familia Díaz Ordaz-Castañón había vendido a Grupo Autofin, para una agencia automotriz. Y la de Miguel Hidalgo permitió la remodelación de la vivienda que -ayer se supo- rentó el entonces diputado pevemista en el Congreso mexiquense, Humberto Castillejos Cervantes a la Inmobiliaria Bicentenario, del empresario Juan Armando Hinojosa, en el año 2011, y que Enrique Peña Nieto utilizó mientras fue presidente electo y hasta que tomó posesión. Desde entonces, los vecinos de ese cuadrante de la sexta sección de las Lomas de Chapultepec habían manifestado su oposición al cambio de uso de suelo. Estaban indignados por la presencia de guardias de seguridad a las afueras de la casona, ubicada justo frente a la sede de la representación del gobierno del Edomex en el Distrito Federal y a una cuadra de la embajada de Guatemala en México. Y reclamaron, en primera instancia, a la autoridad delegacional, encabezada por Víctor Hugo Romo.

Entonces se enteraron que desde el 29 de junio del 2011, el arquitecto Ricardo Saldaña Vázquez se había apersonado en la ventanilla única de la Seduvi con una carta poder firmada por Arturo Reyes Gómez, representante legal de Grupo Higa, para solicitar el cambio de uso de suelo. El predio, de 1,015 metros cuadrados de superficie, pasaría de habitacional unifamiliar , al uso de oficinas de tres niveles, con una edificación de 866 metros cuadrados.

Hasta el pasado lunes 28 de abril, el diputado Alejandro Rafael Piña Medina, vicepresidente de la Mesa Directiva de la ALDF, turnó las iniciativas de decreto de modificación de los programas parciales de desarrollo urbano que remitió el secretario de Gobierno, Héctor Serrano.

Para el predio de Explanada condicionaron el permiso a la presentación de un estudio de mecánica de suelo, la habilitación de 29 cajones de estacionamiento y el financiamiento de las adecuaciones geométricas de todas las intersecciones de la calle, en el tramo comprendido entre Paseo de la Reforma-Explanada y Boulevard de los Virreyes-Prado Sur.

En el puente del Día del Trabajo, comenzaron las obras de remodelación. Y creció la inconformidad vecinal. Vero y Trini Belaunzarán son las activistas más visibles en la oposición ciudadana a los cambios de uso de suelo y también, al paso de la ruta de descenso de las naves que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El comité vecinal de las Lomas habría conseguido los documentos que acreditan que Grupo Higa compró la casa donde despachó Peña como presidente electo. Los vecinos recuerdan que el propietario del inmueble, hasta el 2007, fue Andrés Conesa Ruiz, ingeniero civil de origen francés, ex vicepresidente ejecutivo de ICA y después directivo de Grupo Iconsa. La vendió a la Inmobiliaria Bicentenario en una operación de contado, por 15 millones de pesos.

Después de semanas de diligencias y reclamos, los vecinos recibieron la invitación para una junta informativa a la que acudió la subprocuradora Maricela Benítez Tiburcio, a la que recuerdan -además de su juventud y de que entonces estaba embarazada- por la dureza de sus argumentos. La PGR, les informó, había tomado posesión de esa propiedad y eso explicaba la presencia de choferes y guardias de seguridad.

La semana pasada, cuando el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, se comprometió a responder a un cuestionamiento de la periodista Carmen Aristegui, respecto del uso de inmuebles propiedad de Hinojosa, que habría hecho Peña Nieto en su calidad de candidato o precandidato presidencial, el funcionario respondió el viernes 21 de noviembre, pero apenas se hizo público su argumento. En la época de la transición , dijo, utilizó una casa que le facilitaba el licenciado Castillejos Cervantes (consejero jurídico de Los Pinos) con el propósito de sostener reuniones privadas (...) en la época en que fue precandidato y candidato, también fue ocasionalmente a actividades privadas y algunas entrevistas en ese lugar .

Sánchez Hernández cumplió con la palabra empeñada. Pero, ¿entregó la información completa? ¿Y si resultan verdaderas las versiones que insistentemente circulan entre la cúpula partidista sobre una tercera casa propiedad del empresario Hinojosa Cantú que usaría el Ejecutivo federal y su familia? Estaría a menos de 500 metros de la casa que fue puesta al descubierto.

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