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Transparencia y corrupción en la Ciudad de México, ¿hacia dónde vamos?
El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, por ello me parece relevante hacer algunas consideraciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, los mexicanos gastaron 7,218 millones de pesos sólo en el pago de sobornos por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública. Esa cifra equivale a 2,273 pesos promedio por persona.
En la Ciudad de México 61% de la población considera que, después de la seguridad pública, la corrupción es el segundo problema más importante. A escala nacional 14% de la población experimentó un acto de corrupción, mientras que en esta ciudad el indicador fue de 20 por ciento. Somos la ciudad donde mayor cantidad de actos de corrupción per cápita se cometen en México.
Desde hace varios años se fijaron grandes expectativas en la transparencia, identificándola como la principal estrategia para combatir la corrupción. Pero la transparencia no basta para reducir prácticas corruptas e incentivar comportamientos apegados a derecho.
En teoría, al exhibir a los servidores públicos que cometen actos ilegales o corruptos (hago esta precisión porque no todas las conductas ilegales son en sí mismas actos de corrupción) éstos tendrían miedo a la sanción social y ajustarían su comportamiento para actual de manera ética y legal.
El problema radica en pensar que la transparencia es capaz, por sí sola, de eliminar las causas y las consecuencias de la corrupción. De poco sirve evidenciar a un servidor público si las instancias encargadas de evidenciar, investigar y sancionar no existen, o si a pesar de su existencia no hacen su trabajo, por negligencia o colusión.
Si la corrupción florece a pesar de la transparencia, por la ausencia de mecanismos sancionatorios eficaces, en condiciones de ocultamiento, oscuridad y opacidad encuentra un espacio óptimo para su crecimiento.
A pesar de que la Ciudad de México cuenta desde septiembre de 2017 con una ley que crea el sistema estatal anticorrupción, éste no se ha integrado debido a que la anterior Asamblea Legislativa omitió nombrar a varios de sus integrantes, entre ellos a los Comisionados del organismo garante del derecho de acceso a la información.
Desde el 31 de marzo de este año, no hay quórum en el InfoCDMX que permita resolver las inconformidades ciudadanas contra las respuestas recibidas a las solicitudes de información (llamados recursos de revisión). Tampoco pueden resolverse las denuncias que presenten los particulares que identifiquen un incumplimiento a la obligación legal de publicar información en internet (denominadas obligaciones de transparencia).
El Inai ha emitido diversos acuerdos para atraer los recursos de revisión que están cercanos al plazo límite con que cuenta el InfoCDMX para resolverlos. Esto aumenta el plazo máximo de 40 días para resolver y, además, quedan en el limbo las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Si el actual Congreso de la Ciudad de México desea que existan condiciones para contar con administraciones públicas que actúen con apego a los principios que la Constitución ordena, es apremiante integrar un organismo garante con personas que cuenten con el conocimiento técnico necesario, la experiencia y proactividad para reformar el InfoCDMX, pero ante todo que estén realmente comprometidas con la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la protección de datos personales.
Por ello invito a los integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso, quienes se encuentran en proceso de seleccionar a los 4 comisionados que faltan en el pleno del InfoCDMX, a pensar en el tipo de Ciudad que desean construir y el tipo de servidores públicos que los habitantes de esta ciudad merecemos. De no elegir a las personas correctas, que no nos extrañe ser la entidad donde se registra una mayor cantidad de actos corruptos en México.
Gabriela Montes es doctora en estudios organizacionales por la UAM y es candidata a comisionada por el InfoCDMX.