¡Se les acabó la fiesta!

Ningún agresor sexual, perpetrador de violencia familiar ni deudor alimentario podrá competir en las elecciones de 2024, ni obtener un empleo en el servicio público. ¡Se les acabó la fiesta!

Ahora sí, la Constitución ampara y protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez. No habrá más asesinos, violadores, abusadores, acosadores ni deudores alimentarios morosos que tomen decisiones o utilicen el poder que ostentan para dañar a sus víctimas.

Aunque desconocemos la magnitud de los gritos, golpes, amenazas, abandono y humillaciones que se presentan al interior de los hogares, el delito de violencia familiar se ha incrementado en 28 por ciento durante los cuatro años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En 2019 fueron abiertas 210 mil 189 carpetas de investigación y al cierre del 2022 fueron 270 mil 544.

El número es impresionante, pero no muestra las dimensiones del drama. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 revelan que de las 10 mujeres que aceptaron ser violentadas, sólo siete se atrevieron a denunciar a los hijos, esposos, padres, hermanos o novios que las lastimaron.

Y las pocas mujeres que llegaron hasta los tribunales, se encontraron con las redes de complicidad del senador, el ministro, el dirigente del partido político o el fiscal interesados en proteger a uno de los suyos, a costa del bienestar y la tranquilidad de las niñas, niños y adolescentes, quienes han sido víctimas de una serie de agresiones que les han provocado daño físico, emocional y psicológico.

Durante una entrevista reciente que hice a Yndira Sandoval Sánchez, la integrante de Las Constituyentes Mx Feministas subrayó que con la entrada en vigor de la reforma constitucional #3de3VsViolencia se cambian los estándares de la responsabilidad pública e institucional.

Agregó que nadie que viole un derecho de las mujeres o los niños, puede ser funcionario. Si alguien ha acosado, ha golpeado o no ha pagado la manutención de sus hijos, no puede ser un funcionario público.

No queremos verlo en ningún lado como juez, magistrado, ministro, regidor, presidente municipal, gobernador, embajador, director general o candidato presidencial.

Y fue más allá, al aclarar que no se trata de acabar con la carrera política de nadie, sino de defender a las víctimas. Nunca más un violentador abusará del poder público para quedar en el anonimato. Nunca más un violador se escudará en el servicio público para quedar impune. Nunca más un acosador aspirará a ser funcionario del gobierno, en busca de fuero y protección. Nunca más un deudor alimentario moroso podrá evadir sus responsabilidades ni abusar de su poder.

Con la reforma se establece que se suspenden los derechos de los ciudadanos que hayan sido sentenciados por haber cometido delitos sexuales, asesinatos y atentados contra la vida y la integridad corporal; que hayan sido declarados culpables de violencia familiar, violencia política contra las mujeres en razón de género, o por ser persona deudora alimentaria morosa.

Hoy las mujeres en México hacemos historia. Las mujeres marcamos la agenda. Las mujeres sobrevivientes y las organizaciones sociales señalamos el rumbo y a la clase política le corresponde estar a la altura de nuestras demandas.

La 3 de 3 llegó para quedarse. Se les acabó la fiesta, el manto de protección y el fuero. Ningún agresor al poder.