¿Qué haremos?

Tener un salario no es un mal deseo. Pero en algunas entidades esto es casi un privilegio. Por ejemplo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla donde, según el censo de población del 2010, había 6.1 millones de personas ocupadas (14.3% de la población ocupada en nuestro país), en promedio 53.3% era asalariada (en Chiapas, 45.9 por ciento).

En el Estado de México, con una población ocupada de tamaño parecido (5.9 millones), 69% era asalariada. Y en cinco entidades modernas (Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Coahuila), con otros 5.9 millones de personas ocupadas, la proporción asalariada era mayor (76.1 por ciento).

Sin duda, el grado de urbanización de las entidades y las actividades económicas predominantes influyen en la demanda de trabajo asalariado. En el primer grupo, 30.3% de los ocupados estaba en el sector de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, (en Chiapas, 42.8 por ciento). En el tercer grupo, la proporción fue 5.8% (en Nuevo León, 2.8%), y en el Estado de México, 5.1 por ciento.

La escolaridad de la población de las entidades varía enormemente. Por ejemplo, en el primer grupo, la de 18 años y más, con educación superior (técnica o comercial con preparatoria terminada, profesional y maestría o doctorado) equivalía a 22.8% de la población ocupada (18.9% en Chiapas); en el Estado de México, a 29.1%, y en el tercer grupo, a 33.8% (en Nuevo León, a 40 por ciento).

No sólo eso. También hay gran diversidad en los campos de formación académica de quienes tenían educación superior: en el primer grupo, sólo 15.3% correspondía al de ingeniería, manufactura y construcción (10.2% en Guerrero); 19.3% en el Estado de México, y 22.7% en el tercer grupo (25.3% en Coahuila).

Acerca de la calidad de la educación no podemos afirmar algo con los datos censales. Pero no es un secreto la existencia de una dispersión significativa.

Finalmente, entre las características de las ocupaciones asalariadas hay diferencias notables. Por ejemplo, en el primer grupo únicamente 44.4% de los asalariados tenía prestaciones laborales y sociales (43.1% en Oaxaca); en el Estado de México, 60%, y en el tercer grupo, 77.4% (82.1% en Nuevo León).

La anterior es una de las muchísimas radiografías sociales que pueden hacerse con las cifras provenientes del Censo de Población y Vivienda 2010.

Seguramente, muchos periodistas pondrán sus dedos en las muchas llagas de México. Seguramente, los activistas sociales o los universitarios de buena voluntad volverán a escandalizarse con las desigualdades en nuestro país y harán nuevas denuncias y demandas. Seguramente, muchos políticos usarán los datos del censo más reciente para hacer más promesas en los periodos electorales.

¿Qué harán los profesores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla para mejorar la educación de sus alumnos? ¿Qué harán los gobernantes de estas entidades para acrecentar las posibilidades de avance económico de los ciudadanos? ¿Quién se hará cargo de que haya cada vez más asalariados? ¿Cuáles profesionales del país contribuirán más al aumento de la productividad de millones de personas?

Si únicamente seguimos contando las miserias mexicanas, cuando lleguen los números del próximo censo, las radiografías sociales no serán muy distintas de las del 2010. Y volveremos a decir lo que Alexander von Humboldt afirmó hace 200 años: México es el país de la desigualdad.

fnunez@eleconomista.com.mx