Plan General de Desarrollo de la CDMX, oportunidad perdida

La gran ciudad representa un motor formidable de productividad, innovación, prosperidad, y de reducción de la huella ecológica de una población. Requiere de una visión y de un proyecto compartidos, de mecanismos eficaces de gobernanza de bienes públicos, de sistemas efectivos de participación social, y de políticas eficientes y visionarias. El Plan General de Desarrollo de la CDMX (“el Plan”) es un mandato de la propia Constitución de la CDMX y significa el proyecto para la ciudad, así como su matriz de programas y políticas. Sin embargo, el Plan que fue enviado recientemente al Congreso de la CDMX por la Jefatura de Gobierno es una oportunidad perdida, tanto en términos jurídicos e institucionales, como funcionales y de contenido. Ello, a pesar de que es un documento serio, bien integrado y profesional, y de que es un buen esfuerzo de caracterización conceptual y cuantitativa de la ciudad. (Contrasta escandalosamente con el Plan Nacional de Desarrollo hecho por el presidente López Obrador, el cual representa una verdadera vergüenza por su puerilidad y miseria intelectual).

De entrada, este Plan es ilegal, ya que ha sido expedido por la propia Jefatura de Gobierno y no por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, además de que no ha sido sometido a consulta alguna como lo marca la Constitución. Se trata de una obvia usurpación de funciones y de una clara intencionalidad de cancelar el diálogo público en torno al futuro de la ciudad. En cuanto a su contenido, adolece de omisiones importantes que lo demeritan. Si bien define Ejes, Objetivos Estratégicos e Indicadores, carece de instrumentos de política y de vínculos de programación y presupuestación para lograr las metas establecidas.

No contempla un indispensable servicio civil de carrera. Evade un compromiso explícito con las empresas, la iniciativa privada, las organizaciones del sector privado y la economía global, y promueve una fantasiosa economía – al parecer de tipología socialista – “solidaria, comunitaria, cooperativa” producto de alguna ideología radical. Además, el Plan insiste en una compulsión racista de linajes étnicos, donde los indígenas son ciudadanos privilegiados, y los demás (suponemos que criollos y mestizos, y de origen judío, libanés, chino, italiano) somos ciudadanos de segunda clase.

El Plan habla de energías renovables y limpias, con metas muy mediocres, al parecer para no incordiar al presidente López, aunque de todas formas entra en contradicción con sus decisiones y políticas. El Plan no se atreve a plantear la prohibición a largo plazo los vehículos de combustión interna, como han hecho ya varias ciudades de países civilizados a partir del 2035 (este Plan tiene vigencia al 2040).  Por supuesto, el Plan omite cualquier referencia a un carbon tax, instrumento esencial de financiamiento, transición energética, y lucha contra la contaminación y el calentamiento global.

Algo sobresaliente del Plan es que elude comprometerse con una ciudad de baja huella ecológica, lo cual sólo se logra con un patrón de desarrollo urbano compacto, de alta densidad y vertical. No lo hace tal vez por su aversión ideológica a los proyectos inmobiliarios. Es revelador que el Plan sea silente en cuanto a la privatización y degradación del espacio público por parte del ambulantaje, en plazas, parques, calles y aceras. Nada dice de la gobernanza del espacio público, lo cual se entiende después de haber desaparecido a la Autoridad del Espacio Público; esto, aparte de ignorar a las Áreas Naturales Protegidas de la CDMX tuteladas enfáticamente por la Constitución y que son responsabilidad directa de la Jefa de Gobierno.

El plan calla totalmente en el financiamiento al desarrollo sostenible de la ciudad, sólo asequible por medio de la restructuración del impuesto predial con base en el valor del suelo, de un carbon tax, de alianzas público-privadas, y del principio de Capitalidad (cancelado por el actual gobierno para financiar el Tren Maya).

En cuanto a vivienda, no hay nada sobre bancos de suelo para vivienda popular en zonas centrales (indispensables para mitigar – que no impedir – la gentrificación y la expulsión). Por último, el Plan ignora olímpicamente los profundos y permanentes cambios económicos y laborales que la pandemia del Covid-19 ha traído consigo, y que modifican sustancialmente cualquier horizonte de planeación.