La eliminación del IETU

El aumento de impuestos decretado por la reciente reforma fiscal opacó algunos aspectos sumamente positivos de dicho paquete legislativo, entre los que destaca, sin duda, la eliminación del IETU de nuestro sistema tributario.

Como sabemos, el IETU surge en el 2008, como resultado de una mera instrucción presidencial para hacer efectiva la promesa de campaña de introducir un flat tax (impuesto de tasa única) en sustitución del ISR. El flat tax consiste en la propuesta académica de un impuesto al flujo de Robert Hall y Alvin Rabushka, para eliminar el intrincado Código de rentas internas de Estados Unidos, con él, el ISR de ese país.

El hipotético flat tax es un impuesto que no incide en los ricos, al exentar dividendos, ganancias de capital por venta de acciones, intereses y regalías. El impuesto grava, como el IVA, el valor añadido en las etapas de producción y comercialización de bienes y servicios, pero se estructura como tributo al ingreso y no al consumo. Se trata, como explican Hall y Rabushka, de un IVA al revés.

Las previsiones del impacto recaudatorio del IETU fueron, desde su diseño, tan negativas, que la Secretaría de Hacienda decidió siempre sí mantener al ISR, al mismo tiempo que obsequiaba los deseos presidenciales de incluir algo parecido al flat tax.

Para ello se eliminó -tras desnaturalizarlo- el Impac (un efectivo impuesto de control en materia de precios de transferencia) y le daría ese supuesto carácter al IETU, para operar con el ISR de manera similar a la que lo hizo el Impac, al pagarse sólo el mayor de dichos impuestos y generar mecanismos de acreditamiento.

La aprobación del IETU en el Congreso tuvo como moneda de cambio que el PAN votará la reforma electoral que le imponía la oposición, reforma que a la postre habría de minar la relación gubernamental con algunos medios que abiertamente apoyaron al PRI en la sucesión presidencial del 2012.

La ratificación de la endeble constitucionalidad del IETU por parte de la Suprema Corte también reveló presiones sobre dicho tribunal, cuando varios de sus ministros reconocieron que la Secretaría de Hacienda les había advertido que, de concederse el amparo, se hubiera caído estrepitosamente la recaudación y colapsado la economía nacional.

Los primeros pagos provisionales reportaron una recaudación ficticia, debido a que el IETU no permitió la deducción de inventarios adquiridos antes de su entrada en vigor. De ahí para adelante la recaudación cayó en la misma proporción en que crecían los acreditamientos (pérdidas) del IETU en contra del ISR, los cuales fueron frenados anualmente por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación. Los números rojos de estos acreditamientos (que parecen archivados por siempre) superan, al día de hoy, los 300,000 millones de pesos.

No fue sino hasta que el Departamento del Tesoro le ratificó informalmente a la SHCP que obviamente no reconocerían al IETU como un impuesto acreditable en EU, que la actual administración decidió, por fin, eliminarlo. Era cuestión de tiempo.

Ni simple, ni sencillo, ni de control, ni mínimo, ni acreditable nacional o internacionalmente, ni recaudatorio, ni constitucional; el IETU es un claro ejemplo de lo que no debe verse nunca más en nuestro sistema fiscal mexicano.