La criminalización ?del aborto en España ?y el debate en México

Desde un enfoque totalmente de salud pública y fuera de toda discusión moral, lo sucedido en España, donde se propone un proyecto de ley para regresar a convertir el aborto en un delito y echar atrás la legislación que permite la interrupción legal del embarazo en ese país, es un retroceso en el trabajo en favor de la salud femenina en el mundo.

El gobierno español, hoy de derecha, busca dar reversa a lo avanzado durante los gobiernos socialistas. España, junto con otros 20 países europeos, había marcado la pauta en la apertura de legislaciones para respaldar y ser más comprensivos con las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.

Va en contra también de la grave tendencia de embarazos en adolescentes, un problema de gran preocupación para la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, este organismo internacional ha manifestado que restringir las leyes para ir en contra del aborto no es una decisión en favor de la salud femenina, pues ello no deriva en un menor número de interrupciones del embarazo: simplemente, pasan a realizarse en forma clandestina y en forma insegura e insalubre.

En América Latina sólo dos países tienen legislación relativa al tema: México y Uruguay. México fue el primero desde el 2007 y Uruguay apenas legisló al respecto hace un año. En México, la interrupción del embarazo sólo está legislada en la capital del país, y hasta hoy no se ha podido extender la ley a otras entidades por el contrario , donde debido a estigmas y prejuicios una mujer que interrumpe su embarazo es tratada como criminal.

Los casos más difundidos se han dado en Guanajuato y Tijuana, pero es común que se criminalice y encarcele a las mujeres que interrumpen su embarazo en Veracruz y Guerrero, particularmente en zonas indígenas y de bajos recursos.

De acuerdo con estadísticas del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que lleva Regina Tamez, en México se han aplicado cerca de 112,000 intervenciones para interrumpir el embarazo en la ciudad de México desde que es legal, y de esa cantidad, casi la mitad fue en mujeres de entre 18 y 24 años, en tanto que una tercera parte en mujeres de entre 25 y 34 años de edad. Y del total de las 112,000, unas 28,000 mujeres (25%) estaban estudiando.

Un dato revelador es que 60% de las mujeres que han abortado en el DF ya tenía uno o más hijos, lo que hace ver que el embarazo no planeado y no deseado se presenta no sólo en jóvenes y adolescentes, sino incluso en parejas establecidas. Actualmente, en 17 de los 32 estados mexicanos, la ley estipula que se protege a la vida desde el momento de la concepción, mientras que en la ciudad de México se permite interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Como en la gran parte del país abortar está tipificado como homicidio, el fenómeno que sucede es que una gran proporción de mujeres viene a hacerlo a la ciudad de México, donde clínicas y hospitales privados ejecutan más de la mitad de las interrupciones realizadas. Claro que quienes acceden a esta opción son mujeres con mayor poder adquisitivo, pues pueden pagar el viaje y la clínica privada donde los precios de estas intervenciones oscilan entre 2,000 y 10,000 pesos. El PAN capitalino está buscando restringir esta opción para las mujeres del interior del país, al proponer que la interrupción del embarazo se haga en el DF sólo a quienes demuestren que son residentes del DF y así quitar la opción a otras entidades.

El regreso a convertir en delito el aborto en España no sólo genera indignación entre el ala de izquierda y un gran segmento intelectual de ese país y de todo el mundo, sino que lleva la situación a una mayor oscuridad, porque las mujeres seguirán interrumpiendo su embarazo, sólo que clandestinamente como sucede en la mayoría de países latinoamericanos, con un gran costo de muertes maternas.

Twitter: @maribelrcoronel