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Cuestionar, nuestra obligación
Los mexicanos vivimos una violencia que jamás habíamos experimentado y tenemos el derecho de preguntar por qué y para qué.
El sábado 9 de enero se registró la jornada más violenta desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder. Ese día, distintos medios de comunicación registraron un total de 69 personas ejecutadas, 26 de ellas en Ciudad Juárez que, esta misma semana, fue declarada como la ciudad más peligrosa del mundo por segundo año consecutivo.
Y ¿qué la convierte en la más peligrosa? Su tasa de asesinatos: Juárez tiene 191 por cada 100,000 habitantes. En muchos lugares del país la ley que sirve es la ley del narco.
Los mexicanos vivimos una violencia que jamás habíamos experimentado y tenemos el derecho de preguntar por qué y para qué. Lo que es más, cuestionar la actual guerra contra el narcotráfico no sólo es nuestro derecho, sino una obligación ciudadana. El gobierno federal está equivocado si piensa que criticar la estrategia calderonista es poco patriótico, como lo ha sugerido en repetidas ocasiones. Al respecto, algunos comentarios:
1. Que se cuestione la llamada guerra frontal contra el narcotráfico no significa que se esté dejando al país en manos del narcotráfico . Lo que sabe cualquier persona que ha seguido este tema profesionalmente o no es que para hacerle frente a los múltiples desafíos que plantea el crimen organizado a los estados existen diversas estrategias, algunas de ellas ya probadas. La que escogió el presidente Calderón, que podemos definir como militarización , es estéril e insuficiente. Como mejor se le ha combatido al narcotráfico en otros países es a través de:
A. Acciones que vulneran su fortaleza económica (políticas en contra del lavado de dinero); B. Acciones que limitan su capacidad de corromper las instituciones estatales (políticas anticorrupción, detenciones y juicios), y C. Acciones que hacen más fluida la cooperación internacional (políticas que disminuyen el peso de una concepción tradicional y limitada de la soberanía nacional en la construcción de la estrategia antinarco). Elegir cualquier combinación de estas estrategias en vez de la militarización no es abandonar la batalla, es simplemente, combatirla de modo más inteligente y con un menor costo social.
Tomemos como ejemplo el caso de la lucha contra la corrupción. El gobierno federal calcula que alrededor de 80% de las corporaciones policiacas locales están infiltradas por el narco. Por ello, la gran mayoría de los operativos se realizan en total sigilo, sin involucrarlas. Van a cierta plaza, detienen a ciertos narcotraficantes y se van. A veces detienen a algunos policías pero jamás a todos los que deberían detener. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos visto, más que en el caso de Michoacán, detenciones y consignaciones de otras autoridades? ¿Ganamos más deteniendo a los narcos que a los funcionarios que les permiten hacer su trabajo? ¿Creemos que estos funcionarios corruptos no van a hacer negocios con el próximo narcotraficante que tome la plaza? En otras palabras: ¿por qué no ponemos igual énfasis en combatir la corrupción?
2. Argumentar que la guerra contra el narco es una guerra que, planteada en los limitados términos en los que está planteada actualmente es una guerra que no se puede ganar, tampoco es dejar a nuestros jóvenes en las garras del narco. Por el contrario. Sólo si comenzamos a invertir mucho más dinero en prevención y tratamiento, podremos amedrentar a los narcos. Al gobierno parece olvidársele que de eso viven, de vender droga.
En suma: el gobierno haría bien en escuchar las cada vez más voces disidentes de su política antinarco. México no es el primer país que enfrenta una situación complicada y esto no es una batalla que debamos definir en términos ideológicos. Así, todos perdemos.
afvega@eleconomista.com.mx