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Base cero
La labor de buscar en dónde corregir, cortar, eliminar, o ampliar debe contar con elementos sólidos para su defensa, o rechazo, que podrían ser cuestionados, aunque el veredicto sería fácilmente defendible.
Las autoridades han anunciado que a efecto de enfrentar la escasez de recursos que se pronostica para el año entrante, presentarán un presupuesto base cero. Dos obstáculos se visualizan en este proceso; el primero de ellos es que hay muy poco tiempo para iniciar con el presupuesto para el 2016, ya que en septiembre se debe entregar el primer ejercicio. El segundo obstáculo es la gran cantidad de leyes que deben cambiarse, empezando por la Constitución, ya que prácticamente 90% de los recursos que se entregan a las unidades ejecutoras tienen una ley detrás que los respalda. Esto no significa que no se deba o no se pueda hacer el esfuerzo por tener un presupuesto base cero, que sería un gran avance, aunque existe un paso previo, que varias veces se ha prometido, pero no se ha concretado. Esto no es otra cosa que un ejercicio de evaluación de programas.
Cada año el Coneval emite dictámenes acerca de sus ejercicios de evaluación de múltiples programas sociales y se repite hasta el cansancio que muchos de ellos son simple y sencillamente un desperdicio de recursos, pero no se ha hecho nada. La pobreza no disminuye, y si no avanza es debido a que sigue habiendo algo de crecimiento y generación de empleo, aunque muchos son de bajos salarios, escasa productividad y mala calidad. El gasto público ha crecido muy fuerte en las últimas dos décadas y cada vez que lo hace se elevan significativamente los recursos destinados a los programas sociales, sin un resultado visible que muestre la mejora en el bienestar y la calidad de vida de la población en situación de pobreza.
Cuando añadimos que por lo menos en cada estado los gobiernos locales tienen sus propios programas de desarrollo social, podemos imaginar fácilmente que el número de duplicidades es significativo y el desperdicio es mayor. Son demasiadas las instancias que intervienen en la administración de los recursos, lo que eleva el desperdicio, en la forma de gastos de administración. Ningún programa tiene un padrón confiable de beneficiarios y existe una elevada probabilidad de que muchos difuntos sigan apareciendo en las listas, así como los mejores amigos, parientes y herederos de favores de muchísimos funcionarios locales y federales.
Aparte de la evaluación que hace el Coneval y que está disponible en su página de Internet, ningún estado y ningún municipio rinde cuentas del ejercicio de los recursos, lo cual abre la puerta para que la administración de los recursos deje mucho que desear, independientemente de que los espacios para desviar fondos se amplíen, beneficiando más a quien menos necesita.
Un ejercicio pleno de evaluación debería abarcar todos los programas de la administración pública, y para evitar suspicacias, el ejercicio debería hacerse por universidades y centros de investigación independientes. En éstos no deberían participar las dependencias, ni los centros de que dispone el Congreso y podría ser, incluso, la Auditoría Superior de la Federación quien se encargara de ordenar, vigilar, pagar y recibir los resultados de los ejercicios de evaluación. Una vez con ellos, la labor de buscar en dónde corregir, cortar, eliminar o ampliar contaría con elementos para su defensa, o rechazo, que podrían ser cuestionados, aunque el veredicto sería fácilmente defendible. Al no existir posibilidades de ampliar la base gravable y elevar más los impuestos, y con las necesidades de recursos que se avecinan, este simple ejercicio sería un muy buen comienzo.